La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda tiene una investigación abierta a la empresa Libre Abordo que, desde antes de declararse en bancarrota el fin de semana, recibió millones de barriles de crudo venezolano bajo un acuerdo de petróleo por alimentos, en una pesquisa coordinada con agencias de Estados Unidos, confirmó su titular, Santiago Nieto.
Nieto aseguró a Reuters que la indagatoria, que aún está en curso, se realizó a pedido de la Secretaría de Energía.
Libre Abordo es una de las empresas mexicanas que el FBI está investigando por estar involucrada en el comercio de petróleo venezolano, según dijeron a Reuters cuatro personas familiarizadas con el asunto.
Autoridades estadounidenses aseguraron a fines de abril que el Departamento de Estado y el del Tesoro investigaron si varias firmas estaban violando las sanciones impuestas a la petrolera estatal venezolana PDVSA en 2019, una campaña de Washington para ahogar al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Libre Abordo, y su relacionada Schlager Business Group, han negado repetidamente tales violaciones, diciendo que su acuerdo de petróleo por alimentos con Venezuela estaba permitido bajo exenciones humanitarias y que el contrato era con una entidad gubernamental que no estaba cubierta por las sanciones.
"Tenemos una investigación abierta (a Libre Abordo). No se ha concluido por lo que no puedo dar más datos", dijo Nieto, jefe de la UIF, a Reuters la semana pasada en una entrevista en su oficina de Ciudad de México.
"Nos la solicitó, por un lado, la Secretaría de Energía y, por otro lado ha sido de los temas que hemos trabajado de forma coordinada con las agencias norteamericanas (estadounidenses)", agregó sin precisar a cuáles se refería.
Libre Abordo dijo a Reuters que no tenía detalles sobre la investigación, pero "de existir tales indagatorias, sus resultados confirmarán seguramente la legalidad y transparencia de nuestras operaciones".
La firma anunció el domingo su bancarrota tras perder más de 90 millones de dólares, asegurando que recientemente enfrentó retos "desproporcionados", como la caída de los precios del petróleo, "campañas de desprestigio" y "presión" desde Washington para detener sus operaciones.
"Nosotros seguimos con la investigación", aseguró Nieto el lunes tras la declaratoria de quiebra.
Los acuerdos de Libre Abordo y Schlager han sido un salvavidas para Maduro, cuya administración lucha para pagar por importaciones desde alimentos hasta medicinas, en medio de una aguda crisis económica y el desplome del barril de crudo, su principal fuente de divisas.
"CORRUPCIÓN EN EL GOBIERNO PREVIO"
México también se encuentra investigando a 25 personas y empresas del país y Venezuela acusadas de especular con la venta de alimentos de un programa administrado por el gobierno de Maduro, a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), sostuvo Nieto.
La UIF ha presentado tres denuncias ante la Fiscalía y ha congelado las cuentas bancarias de 19 empresas "relacionadas con el lavado de dinero de Venezuela en México", dijo el funcionario, tras reabrir el caso luego de que, a fines de 2018, el gobierno saliente acordara una compensación con los señalados en el entramado.
"Desde nuestro punto de vista, hubo un acto de corrupción en la PGR (antigua Procuraduría, actual Fiscalía) en la anterior administración", afirmó el abogado de 47 años.
Elliott Abrams, enviado especial del gobierno de Donald Trump para Venezuela, manifestó la semana pasada a Reuters que las acusaciones de lavado de dinero "tristemente" no serían "muy sorprendentes", ya que "ha habido gran corrupción del gobierno (de Maduro) en la compra de alimentos en México".
El gobierno de Venezuela no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Desde 2016, la administración de Maduro distribuye alimentos subsidiados, mayormente importados, a través de los CLAP, un programa creado para combatir la escasez de comida, que ha sido señalado por corrupción, una acusación negada desde Caracas.
Nieto agregó que la nueva investigación se ha trabajado con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense.
Según el funcionario, el entramado empezaba con la constitución de una empresa del gobierno venezolano en Hong Kong. Posteriormente, se abría una filial en México y esa sucursal adquiría alimentos de baja calidad con sobreprecio para luego enviarlos al país petrolero, donde se revendían más caros.
Te recomendamos el podcast ⬇
