El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) informó que los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se gasta un promedio de 1.7% del PIB en Seguridad, mientras que en nuestro país, apenas llegamos al 0.96%, sin considerar que ninguno de estos países enfrenta un reto como el nuestro.
Durante la presentación del estudio la investigación "Gasto Público en Seguridad: una mirada a la ruta de los recursos", elaborado en conjunto con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el director del ONC, Francisco Rivas, informó que el gasto se encuentra concentrado en tres principales rubros: las Fuerzas Armadas, la administración de justicia y los policías.
Especificó que la disminución del 27% de los recursos asignados a la prevención del delito de 2018 a 2019, revela que este no es un componente prioritario de la política de seguridad actual.
Como ejemplo señaló que este año, el gasto público en seguridad es de 239 mil 319 millones de pesos, equivalentes a 0.96% del PIB y a 4% del Presupuesto de Egresos de la Federación.
"Esto no refleja la política de seguridad del Gobierno Federal, ya que, de este presupuesto, 70% es destinado a dos ejes: Fuerzas Armadas en apoyo a la seguridad pública e Impartición de justicia, reclusión y readaptación, mientras que 1.5% se destina a prevención y atención de derechos humanos”, indico Rivas.
Del total del presupuesto destinado a Combate al crimen, las Fuerzas Armadas en apoyo a la seguridad pública, absorbe el 84% aprobado en 2019.
En el mismo eje, de 2008 a 2018, el recurso ejercido es mayor al aprobado, lo que reafirma, desde un punto de vista presupuestario, la noción de que las Fuerzas Armadas son la prioridad en el Combate contra el crimen.
Esto demuestra que la actual administración federal continúa privilegiando el enfoque reactivo sobre el preventivo, pese al presunto cambio de la política de seguridad que discursivamente se ha prometido desde las campañas presidenciales y en la propia Estrategia Nacional de Seguridad Pública, aprobada por los senadores.
Por otra parte, destacó que sólo tres de los 44 programas para Justicia concentran 83.2% del presupuesto total: otras actividades, Administración del Sistema Federal Penitenciario, e investigar y perseguir delitos de orden federal.
En 2019, la prioridad presupuestaria fue "otras actividades", que absorbe 58% del presupuesto total y está a cargo del Poder Judicial. En este programa, 87% de los recursos se destinan a servicios personales; en contraste, sólo 10% de los casos resueltos por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación son de materia penal.
El observatorio encontró que hay una atomización del presupuesto federal para seguridad; no obstante, este se concentra sólo en seis programas: uno de prevención del delito, dos de combate al crimen y tres de justicia.
Con esta configuración, el gasto público resulta poco eficiente para cubrir las necesidades de la población y atender la crisis de seguridad que enfrenta México. Asimismo, se demuestra que no hay un verdadero cambio de la política de seguridad implementada por la federación y por ende, difícilmente se pueden esperar resultados distintos de los obtenidos desde 2008.