Vulcan Materials, empresa estadounidense dedicada a la extracción de minerales y que cuenta con su subsidiaria en México, Sac-Tun, antes Calizas Industriales del Carmen (Calica), se encuentra enfrascada en un arbitraje internacional en contra del Gobierno de México al solicitar una indemnización de mil 500 millones de dólares, “más intereses y otros costos”.
El pleito comercial nació a partir de una serie de denuncias por parte del Gobierno mexicano en contra de la subsidiaria de Vulcan a causa de un supuesto daño ambiental en Playa del Carmen, Quintana Roo, por los derechos de su concesión portuaria, así como cuestiones relacionadas al pago de impuestos locales y federales.
Como consecuencia, autoridades mexicanas obligaron a la compañía a cerrar operaciones en México y se desató una demanda bajo el sistema de controversias del entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), hoy Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).
El descontento entre ambas partes inició en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto y continúa ahora en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
En septiembre de 2018, Legacy Vulcan, en representación de Calica, presentó una notificación de intención para someter una reclamación a arbitraje en contra del gobierno de México al amparo de la Sección B del Capítulo XI del TLCAN. Tres meses después se confirmó la notificación de arbitraje internacional.
En mayo del 2020, la Secretaría de Economía (SE), bajo el entonces mandato de Graciela Márquez, recibió “la Memorial de Demanda de la Demandante” al amparo del TLCAN, por el que se argumentó que México violó las siguientes disposiciones del TLCAN: artículo 1103, trato de nación más favorecida y el artículo 1105, nivel mínimo de trato.
Legacy Vulcan LLC reclamó como compensación el pago de más de mil 900 millones de dólares, ya contemplando intereses y costos adicionales.
Buscó acuerdo de "buena fe" con AMLO
Vulcan Materials indicó en febrero del 2022 que estaba dispuesta a llegar a un acuerdo de "buena fe" con el gobierno mexicano fuera del arbitraje internacional.
"Vulcan desea continuar contribuyendo al desarrollo económico y social de Quintana Roo y de México", dijo.
Sin embargo, el presidente López Obrador acusó en reiteradas ocasiones que esta empresa se ha beneficiado de manera ventajosa con negocios dentro del país, por lo que en mayo del 2022, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), suspendió toda actividad de la empresa en México.
"Le dieron a esa empresa dos concesiones, hace 20 años, para extraer material y llevarlo a Estados Unidos por barco. Entregaron el permiso el día 30 de noviembre de 2000, días antes de que entrara el nuevo gobierno", dijo el mandatario en una conferencia de prensa en enero del 2022.
Según la compañía, Vulcan ha extraído piedra caliza legalmente en México durante más de 30 años.
Vulcan tiene derecho a mantener “la plena propiedad de sus propiedades”, ya que es propietaria de las reservas de piedra caliza en las mismas y cumple y “siempre ha cumplido” con la legislación mexicana.
Expropian instalaciones
El pasado 14 de marzo de 2023 se informó que la empresa mexicana CEMEX y las Fuerzas Armadas mexicanas "entraron por la fuerza” a las instalaciones portuarias de Vulcan, cerca de Playa del Carmen.
“No existe ningún contrato que permita a CEMEX el uso de las instalaciones portuarias de Vulcan. Aunque las compañías tenían un acuerdo para que CEMEX arrendara una porción de la propiedad de Vulcan, dicho acuerdo expiró el 31 de diciembre de 2022, sin renovación alguna. Antes de la expiración, CEMEX fue formalmente informada de que sería necesaria la negociación de un nuevo contrato. Vulcan ha estado y sigue estando abierta a renegociar el contrato de arrendamiento”, indicó la empresa minera en un comunicado.
La compañía estadounidense informó que, en lugar de “buscar una solución de mutuo acuerdo”, los funcionarios de CEMEX amenazaron con buscar la ayuda del gobierno mexicano, incluyendo sus Fuerzas Armadas para utilizar las instalaciones portuarias de Vulcan.