El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría, pidió reconsiderar el efecto del recorte salarial a los servidores públicos, en particular en áreas de riesgo como las de contrataciones y compras públicas.
“Es un área en la que habría que sopesar con mucho cuidado el impacto del recorte de los salarios en las capacidades y la integridad de los servidores públicos”, consideró el economista mexicano.
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"¿Cómo hacemos congruente la austeridad con la profesionalización y la suficiencia de esta función? Porque luego, si queremos ahorrar mucho en términos de no tener suficientes estructuras, lo que va a pasar es que el sistema no responde y el sistema se puede volver, ante la opinión pública, ineficiente y por lo tanto perder la credibilidad y perder la autoridad”, dijo.
En la entrega a la Secretaría de la Función Pública (SFP) de los informes de seguimiento sobre la Reforma de Compra- Net y de Integridad en México, Gurría añadió que el “bajo nivel de efectividad" del sistema disciplinario en las dependencias responde a factores como la insuficiente experiencia y profesionalización del personal de los Órganos Internos de Control, el alto nivel de rotación de dicho personal, salarios poco competitivos, la mala integración de los casos y las pruebas que los sustentan, insuficiente capacitación y escaso personal.
Recordó que de acuerdo con un estudio de Impunidad Cero, la Secretaría de la Función Pública (SFP) aplica sanciones sólo en 13.4 por ciento de las denuncias recibidas, pero el Tribunal de Justicia Administrativa anula en promedio 41.8 por ciento de dichas sanciones, por lo que el porcentaje de denuncias sancionadas se reduce a 8 por ciento, aproximadamente.
Más que reducir salarios, Gurría recomendó un relanzamiento de la reforma del servicio profesional de carreracon el objetivo de privilegiar el mérito al momento de seleccionar y promocionar a funcionarios públicos.
A título de la OCDE recomendó al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) revisar los contratos para lograr un “alto nivel de divulgación en el caso de ofertas de empleo para puestos de mayor riesgo”, como es el caso de las compras y contrataciones.
Además llamó a implementar el uso de tecnologías para mejorar el escrutinio de las declaraciones patrimoniales y utilizar la minería de datos para sacarle “el máximo jugo posible a la información”.