Siete organizaciones campesinas piden a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, convocar a un Diálogo Nacional con la sociedad e incluir a la población rural, para impulsar la producción primaria y construir un Nuevo Pacto Social para el Desarrollo y Bienestar del país.
Y le hacen un llamado urgente para atender la crisis hídrica que enfrenta el país y se refleja en una sequía que afecta al 75 por ciento del territorio nacional. “Se requiere una nueva política de agua que debe incluir cambios constitucionales y poner fin al sistema de concesiones y del mercado del agua”.
Álvaro López Ríos, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), quien las encabeza, dijo que se debe poner especial énfasis en la urgente necesidad de una estrategia de pacificación que ponga fin a la violencia en el campo y el país.
El objetivo es dejar atrás la alianza de grupos de poder económico con la delincuencia organizada, que es uno de los factores de expansión del narco que busca romper la resistencia del campesinado y los pueblos indígenas.
“La injerencia del crimen en la política es una estrategia para lograr impunidad y robo de los recursos del país. Poder económico, político y crimen organizado son una sola cosa, en algunos puntos del país”, aseguró López Ríos.
En cuanto a las demás peticiones, están la creación de una Banca de Desarrollo Agropecuario, con instrumentos de crédito accesibles para impulsar la producción primaria.
Y financiamiento para infraestructura de riego. También la implementación de infraestructura post-cosecha y mecanismos de comercialización, para la adquisición de insumos y seguros agrícolas y pecuarios.
Consideran que debe dar prioridad a la soberanía alimentaria, al presupuesto rural que requiere su recuperación y reorientación.
Demandan detener la devastación ambiental, atender la crisis climática y la sequía así como mantener el agua como derecho humano.
Y sobre todo, poner un alto a la violencia y al dominio del crimen organizado en el campo.
El universo de atención de esta Banca de Desarrollo, serán los pequeños productores.
Refirió que la agricultura campesina familiar la integran 3.9 millones de unidades de producción que representan el 72 por ciento del sector agrícola nacional y producen granos básicos: maíz y frijol y el resto de los productos base de la soberanía alimentaria.
Esta soberanía requiere de una renovación de toda la infraestructura productiva, ampliación de nuevas áreas de cultivo y tecnificación de riego. La producción de insumos amigables.
Así como desarrollo de nuevas formas en el manejo del crédito y participación en mejores condiciones en el desarrollo de los mercados internos y externos así como cambiar hacia una nueva agricultura agroecológica.
Los líderes de las organizaciones agrarias hicieron hincapié en el presupuesto que requiere de su recuperación. Recordaron que desde 2015 a la fecha, el Presupuesto Especial Concurrente (PEC), permanece estancado en términos reales.
Esto permitirá un presupuesto mejor organizado que revierta algunos procesos como las repercusiones en la producción de alimentos, en el aumento de las importaciones de alimentos y la destrucción de las cadenas productivas.
Las organizaciones firmantes son además de la UNTA, la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC), Marco Antonio Ortiz Salas; Movimiento Social por la Tierra (MST), Francisco Chew Plascencia; Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), José Narro Céspedes.
Central Independiente de Obreros y Campesinos (CIOAC), José Dolores López Barrios; Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC), Saúl Vicente Vázquez y la Organización para el Desarrollo Rural Sustentable (OPDRS A.C.), José Carmen Soto Correa.
