El outsourcing ilegal será perseguido como delincuencia organizada y sancionado con prisión preventiva oficiosa mínima de 14 años y sin derecho a fianza, informó el procurador fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Romero Aranda.

Explicó que con la entrada en vigor de la reforma fiscal este año, algunas acciones como la evasión de impuestos, facturación falsa y el adeudo de cuotas al Instituto Mexicano de Seguridad Social, la procuraduría fiscal ya puede iniciar procesos de investigación y sus respectivas querellas por defraudación.

“La reforma precisamente va encaminada a castigar como delincuencia organizada y perseguir como delincuencia organizada a todas esas empresas que dan el servicio de outsourcing ilegal, es decir, tres o más personas que dan el servicio de forma permanente y reiterada, llevan a cabo actividades ilícitas, como en este caso es la defraudación fiscal”, detalló durante la conferencia mañanera.

Las empresas de subcontratación no serán las únicas perseguidas, pues los patrones que contraten la terciarizción de servicios, serán acusados por delitos contra la seguridad nacional, también sujetos a prisión preventiva oficiosa y pago por encima de 7.5 millones de pesos.

“Para los patrones que contratan el servicio de tercirización o de outsourcing, este delito es contra la seguridad nacional. También permite prisión preventiva oficiosa por arriba de 7.5 millones de pesos, pero aquí sí se da la oportunidad, para que puedan regularizar su situación fiscal, que paguen lo que deben y a cambio de eso, no se va a ejercer acción penal, por eso es muy importante que se presenten, regularicen su situación”, urgió a quienes hacen uso de este servicio.

Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió que muchos de los empresarios “han sido engañados” por empresas de outsorcing y no saben que están cometiendo defraudación fiscal.

“También sería importante que se hablara más de empresarios que fueron engañados y se han acercado, para regularizar su situación, incluso han devuelto dinero o han pagado”, aseguró.

Carlos Romero explicó que se firmó un acuerdo reparatorio con dichas empresas, quienes se comprometieron a regularizar sus finanzas y aceptar que, en efecto, recurrieron a la facturación falsa.

El procurador fiscal enfatizó que aunque no hay acuerdos reparatorios, sí se les dará la oportunidad de regularizarse y a cambio de eso, no se procederá penalmente.