Aún hay “agujeros negros” en la Sonda de Campeche que atraen todas las malas prácticas sindicales, acusó Alfredo Antonio Rodríguez Fritz, secretario general de la Orden Mexicana de Profesionales Marítimos y Portuarios, Similares y Conexos, luego de participar en la tercera Reunión Anual del Tratado comercial México, Estados Unidos y Canada (T-MEC) en la que estuvieron presentes las secretarias de Economía de los tres países.

En entrevista para El Sol de México, comentó que si bien el T-MEC, a través del Anexo 23-A, “trajo finalmente el arma y el parque suficiente para combatir los contratos de protección” en el mundo laboral, hay empresas, sobre todo extranjeras, que operan en la Sonda de Campeche —una de las principales regiones petrolíferas del país— con personal subcontratado (outsourcing) al que se le vulneran sus derechos laborales.

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“Hay tantos abusos, tantos. Encontramos una empresa que tenía a sus trabajadores hasta 28 días a bordo (en barcos o plataformas) y seis para bajar a tierra; pero no bajaban porque no encontraban relevo. Había gente que pasaba desde seis meses en una embarcación hasta 320 días. Y no querían (las empresas) pagar viáticos”, dijo Rodríguez Fritz.

Como ejemplo mencionó a la empresa F-Tapias, denunciada por despedir a trabajadores solo por sindicalizarse, además de retrasar el pago de salarios durante meses.

“Se trata de una empresa española que opera dos barcos especializados construidos en España. Tiene contratos muy jugosos. Todas estas empresas participan en parte del proceso en las plataformas petroleras y trabajan para Petróleos Mexicanos (Pemex)... Tuvieron que pedir en su momento (los trabajadores) al presidente López Obrador, que visitó la zona, ayuda para que les pagaran, ya no un salario digno, no para que les dieran tiempo de descanso, sino para que les pagaran su salario porque tenían dos o tres meses sin salario”.

Aunque reconoció que los sindicatos que representan a los trabajadores en la zona han logrado incrementos salariales de entre 20 y 40 por ciento y se logró la eliminación de muchos contratos de protección, persisten los abusos laborales.

“En ocasiones los dejaban (a los trabajadores) dos, cuatro, seis meses seguidos en embarcaciones de 25 a 30 metros de largo, donde ni siquiera pueden tener una caminata de 20 metros. Tenemos el caso de una Plataforma donde tuvimos que bajar al capitán alegando una situación de retención indebida, análoga al secuestro. Ahí sí tuvimos que hacerlo, porque no lo dejaban bajar. Se trata de una de las Plataformas del Grupo R en la Sonda de Campeche”, acusó.

Mencionó que todavía existe la subcontratación en la zona, a veces encubierta y en otras donde las empresas alegan que el trabajo es altamente especializado, lo cual afecta a casi 80 por ciento de los más de 30 mil trabajadores de la Sonda de Campeche, de los cuales, 90 por ciento labora para empresas privadas.

“Incluso, las empresas son tan cínicas como F-Tapias que se están llevando a los sindicatos de protección y les dicen vamos a firmar con ellos, los van a representar. Les dicen a los trabajadores firmen aquí, no se preocupen es solo una lista de asistencia y esas firmas las utilizan después cómo si los trabajadores solicitaran la organización sindical”.

Agregó que su central, la Orden Mexicana de Profesionales Marítimos y Portuarios, Similares y Conexos, abrió una oficina en Ciudad del Carmen en conjunto con un sindicato de EU para combatir la subcontratación y todo el esquema de abusos y reconoció que la Reforma Laboral ha ayudado muchísimo a reducir drásticamente estos esquemas de corrupción.

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Añadió que compartió estas experiencias con las ministras de Economía de EU, Katherine Tai, y de Canadá, Mary Ng, quienes mostraron interés en saber cómo ha impactado en México la implementación del Anexo 23-A del T-Mec.

“Lo que ellas querían saber en la práctica cuál es el impacto de la Reforma Laboral. Creo que se quedaron bastante interesadas en saber que aun cuando ha habido críticas al proceso, hay resultados más allá de lo esperado. Fue interesante para ambas partes tener una evaluación que escapara de los datos de un gobierno. Porque un gobierno va a tener datos subjetivos a la hora de hacer un análisis de política pública”.

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