Las dependencias públicas destinan cada año una parte de su presupuesto al Anexo 13 de Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres; sin embargo, este rubro carece de una metodología que permita conocer los alcances que se tienen para erradicar la violencia de género, las brechas salariales y los cambios que se obtienen con las políticas que llevan la bandera de “perspectiva de género”.
De acuerdo con especialistas en finanzas públicas, las dependencias de gobierno solo muestran el porcentaje que destinan de su presupuesto al Anexo 13, sin tener bien definido los objetivos de estos recursos etiquetados para la igualdad. De hecho, solo se limitan a decir que un programa social es con perspectiva de género solo porque el beneficio se entrega a más mujeres.
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“No se trata de decir que el 30 por ciento del presupuesto lo voy a gastar en mujeres y por ello se realizan políticas con perspectiva de género. Necesitamos entender cuáles son las necesidades y las brechas que se quieren cerrar, y después implementar acciones dirigidas a ello y ver cuánto costarían”, dijo Alejandra Macías, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Para este año, el presupuesto del Anexo 13 de Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres tendrá un aumento anual de 49.5 por ciento con un total de 348 mil millones de pesos. Entre las dependencias que más recursos asignan a este anexo son las que ejecutan los programas clave de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Por ejemplo, la Secretaría de Bienestar cuenta con un presupuesto de 205 mil 834 millones de pesos para este año, de este total 54.9 por ciento lo destinará al anexo 13. Esta dependencia se hace cargo del programa Pensión del Bienestar de Adultos Mayores, el cual cuenta con un total de 191 mil 235 millones de pesos y 51 por ciento será para este anexo.
“El decir que este programa tiene perspectiva de género porque se le asignó 51 por ciento, solo representa que no entienden qué es la perspectiva de género. Y si quieren hacerlo diferenciado, entonces den más recursos a las mujeres porque la realidad es que la mayor parte de su vida estuvieron en la informalidad o de plano tuvieron un trabajo no remunerado y no pudieron contribuir para tener acceso a una pensión”, expresó Macías.
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Otra muestra de que no se están haciendo políticas con perspectiva de género es la reforma en pensiones que se aprobó en 2020.
Mariana Campos, Coordinadora del Programa de Presupuesto y Rendición de Cuentas de México Evalúa, explicó que esta reforma busca que tanto hombres como mujeres coticen 700 semanas y se retiren a los 65 años de edad, sin considerar las desventajas que enfrentan las mujeres en el mercado laboral.
“Cuando hablamos de presupuesto con perspectiva de género, lo que siempre digo es que tenemos que ir un paso antes, es decir, debemos hablar del diseño de las políticas con perspectiva de género y luego le pones un presupuesto. Si no reconocemos antes las brechas, las diferencias que tenemos, pues nunca vamos a tener políticas con perspectiva de género”, expresó Campos.
Si bien las mujeres tienen cada vez una mayor participación económica y laboral en el país, las condiciones son desfavorables, pues más del 50 por ciento de las mujeres que trabajan lo hacen en la informalidad laboral, con lo que no generan un historial en pensión ni vivienda, recordó Campos.
Un punto a favor
En 2021 se presentó una iniciativa para que los productos de higiene femenina como las toallas sanitarias, tampones y copas menstruales estuvieran exentas del 16 por ciento IVA.
La iniciativa planteó que los productos que atienden la menstruación tienen una incidencia económica sobre las mujeres solo por su condición biológica y natural de género, lo cual es inadmisible.
Bajo este argumento, la propuesta fue aprobada y entró en vigor en 2022, y con ello los productos de higiene femenina han tenido una reducción significativa en los precios que pagan las personas menstruantes.
De acuerdo con Inegi, la inflación de las toallas sanitarias se elevó y se ubicó en 6.6 por ciento anual en diciembre de 2021, y en enero del 2022, su nivel se redujo y se ubicó en 1.0 por ciento.
“Las mujeres no están esperando las limosnas del gobierno. Las mujeres facturan y queremos pagar impuestos y recibir servicios de calidad. Y esto le toca a la política laboral y de seguridad social; y está bien que exista el anexo 13, pero no resuelve los problemas de fondo”, concluyó Campos.