La prohibición de agroquímicos desplomaría la producción agrícola y pecuaria y pone en riesgo la seguridad alimentaria del país. Es importante que se tomen medidas hacia una agricultura sustentable, pero no por ello se debe limitar la agricultura comercial, la única que puede garantizar la producción suficiente de alimentos, así lo manifestó el presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos (UMFFAAC), Luis Eduardo González Cepeda, al término del Primer Parlamento Abierto en Materia de Plaguicidas y Fertilizantes, en el Senado de la República.
Coincidió con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, quien dijo que la dependencia que dirige no promueve ni utiliza de modo alguno el agroquímico “glifosato”, sino que por el contrario cumplen con el decreto presidencial de sustituirlo gradualmente.
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También advirtió que la prohibición inmediata de su uso, al igual que de otros plaguicidas en el campo, impactaría en la seguridad alimentaria del país, con efectos inflacionarios.
Esto es, en el sentido de que “si vale la pena o no tomar decisiones precipitadas” en referencia a la prohibición de plaguicidas, por todas las implicaciones que dicha prohibición tendría en la producción de alimentos.
Sostuvo que más allá de las ventajas y desventajas de la agricultura orgánica y del modelo agroindustrial, “el campo necesita modernizarse, utilizar tecnología y de manera particular, desplegar esfuerzos conjuntos para educar y capacitar a los productores para el manejo adecuado de los productos fitosanitarios indispensables para generar la producción de cultivos que requiere el país”.
El presidente de la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida (AMHPAC), Alfredo Díaz Belmonte, comentó que la regulación de los plaguicidas en el país “debe basarse en estudios y evidencias científicas y no en función de prejuicios.
“Es demasiado lo que está en juego en el país como para que la política pública del sector agropecuario se defina de acuerdo a ideologías y no con el rigor que exige el tratamiento de una materia como el uso y manejo de plaguicidas”.
Se deben regular plaguicidas
A su vez, el director de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES), Marte Vega Román, hizo notar que ”los senadores deben considerar en el proceso de la regulación de plaguicidas, las aportaciones contundentes de académicos, investigadores y funcionarios, como el propio secretario de Agricultura.
También del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap), en el sentido de que de la prohibición tajante de plaguicidas tendría un efecto muy importante en la producción agrícola del país.
Humberto Arenas Reyes, director de la Asociación Nacional de Procesadores de Cítricos (ANAPROCI), coincidió con lo expresado en el Parlamento por diversos productores agrícolas.
“El problema no es que los plaguicidas ‘sean en sí peligrosos’, sino que son las dosis, el uso y aplicación adecuada de estos insumos los que deben guiar la política regulatoria”, dijo.
El director general de la Asociación Nacional de Exportadores de Berries (Anaberries), Juan José Flores, también hizo un llamado a los senadores para que se valore con objetividad “las graves implicaciones que tendría una prohibición de plaguicidas”.
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Demandó aprender de las experiencias de otros países como España y Sri Lanka, en donde se tomaron decisiones precipitadas que después tuvieron que revertirse.
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