Elevar la tasa de reemplazo de la pensión de los trabajadores a un nivel de 100 por ciento, como busca el presidente Andrés Manuel López Obrador, podría costarle hasta 430 mil millones de pesos a las finanzas públicas en los próximos años, alertó Citibanamex.
“El costo fiscal con nuevas medidas, adicional al ya previsible, será explosivo por la demografía. El costo de aumentar las cotizaciones crecerá en función del aumento de los trabajadores activos afiliados al IMSS y al ISSSTE”, comentó la institución financiera.
En un análisis titulado “La reforma de pensiones que esbozó el presidente: escenarios sobre aspectos sociales y fiscales”, el banco destacó que el costo de la reforma también dependerá de la pensión universal, que es la que recibe cualquier adulto mayor al cumplir los 65 años sin importar su ocupación o nivel de ingresos.
Según Citibanamex, más allá de buscar una mejor tasa de reemplazo para los trabajadores, se debe priorizar y reconocer que la informalidad es el principal problema del sistema de pensiones en México.
“Se requiere de una visión más equilibrada de las modalidades del gasto social, y de un enfoque para enfrentar la existencia del sector informal y la movilidad de los trabajadores entre formalidad e informalidad”, agregó el banco encabezado por Manuel Romo.
Buscar que las personas se pensionen con 100 por ciento de sus últimos salarios, no se alcanzaría con el sistema actual, ni en 2063, aun bajo los supuestos de 40 años de cotización
El próximo 5 de febrero, el presidente López Obrador presentará una reforma al sistema de pensiones, junto a otras iniciativas federales, con el fin de beneficiar a los trabajadores y mejorar sus condiciones de retiro laboral.
En días recientes, partidos de la oposición externaron su apoyo a la reforma, a pesar de no conocer su contenido.
A decir de Citibanamex, es probable que la iniciativa del Ejecutivo siga la línea de la reforma de pensiones presentada en 2020 y que a su vez respetó algunos puntos de las modificaciones hechas en 2007 y 1997.
Añadió que la propuesta no tiene sentido si no se focaliza y justifica a qué trabajadores se quiere ayudar, reconociendo los sesgos actuales de la política social.
