Luego de que se propusiera extender la fecha límite para el registro en el padrón de empresas que subcontraten personal especializado, diversos actores de la iniciativa privada señalan falta de claridad en la implementación de la reforma laboral y una transición apresurada, que dificulta el proceso de adaptación para las empresas.
En tanto, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, informó que 1.6 millones de trabajadores ya salieron del esquema de subcontratación y sus derechos se les reconocen por sus patrones; sin embargo, aún faltan por integrarse 3.1 millones de personas que trabajaban bajo este esquema.
A su vez, el titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, Alejandro Salafranca Vázquez, comentó que ya son 19 mil las empresas registradas ante el REPSE, pero, de acuerdo a la Coparmex, son 387 mil 500 las corporaciones que no pueden registrarse en el nuevo sistema de subcontratación laboral, porque no hay criterios definitivos para esta inscripción.
Y el plazo para este registro es otro de los obstáculos. De acuerdo al Decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el plazo para cumplir con todas las obligaciones en materia de subcontratación vencía este 1 de agosto.
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El coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, presentó una iniciativa que modifica la fecha al 1 de septiembre de 2021. Ya se presentó en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Normas poco claras y premura en la transición
“Extender el plazo 30 días más –hasta el 1 de septiembre–, para que las empresas se registren ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para prestar servicios y obras especializadas en materia de subcontratación, es bueno y dará a la iniciativa privada la oportunidad de cumplir adecuadamente con la ley”, considera el abogado Héctor de la Cruz, especialista en Derecho Laboral.
Señaló en entrevista que, hasta ahora, se presentan dos problemas: uno se relaciona con la obtención de opiniones de cumplimiento con obligaciones de seguridad social y fiscal, que deben ser otorgadas por las autoridades respectivas: “Ese proceso ha sido muy lento”.
Y el segundo es que el registro tarda hasta 20 días en dar respuesta, y hasta ahora muchas de ellas han sido negativas por falta de algún requisito. “Esto ocasiona que se debe reiniciar el proceso hasta concluirlo”, apuntó.
Para el director de Relaciones Institucionales de ManpowerGroup, Héctor Márquez Pitol, a la par de la ampliación de plazos en la reforma en subcontratación para que las empresas puedan cumplir con las adecuaciones pertinentes, “es necesario contar con mecanismos públicos de información que brinden transparencia sobre los resultados y disipen dudas entre el sector privado”.
“Hasta el momento, no es pública una herramienta que haga un seguimiento en los números del IMSS sobre cuáles son las modificaciones del empleo en México a causa de la reforma en subcontratación”, precisó.
En su opinión, con el límite establecido por las reformas aprobadas en abril, sus efectos se van a notar en septiembre, una vez terminados los períodos de transición.
Puntualizó que para las empresas es complicado montar todo un aparato para administrar miles, cientos o decenas de empleados, porque hay que dar de alta al IMSS, tener un sistema de nómina distinto, dar soporte administrativo y muchas otras cosas, que elevan los gastos de administración”.
Informó que los estados que tienen el mayor número de empleados subcontratados de acuerdo al INEGI son Quintana Roo, con 26.2%; Ciudad de México, 19.2%; Baja California Sur, 18.4%; Nuevo León, 17.7% y Coahuila, 16.2%, por lo que son estados “foco” en las consecuencias de la reforma.
Para el experto en Derecho Laboral, Oscar De la Vega, socio fundador del despacho De la Vega & Martínez Rojas, la prórroga es necesaria “pero no de un mes”, dijo a EL SOL DE MEXICO.
“Se le debería permitir a las empresas cumplir con todas las modificaciones dentro de un plazo razonable. De acuerdo con las obligaciones que se impusieron, es apropiado prorrogar la entrada en vigor de la reforma en subcontratación, con el fin de permitir la posibilidad de su cumplimiento”.
Recordó que al sector público se le dio un año para cumplir con sus nuevas obligaciones en la materia, mientras al sector privado se le dieron sólo 90 días, de acuerdo al Decreto de abril.
Comentó que el Acuerdo de la STPS del 24 de mayo de 2021 con los requisitos para el registro de las personas físicas y morales en el REPSE es confuso.
Señaló también que no queda completamente claro si se trata de una reforma laboral o recaudatoria, lo que provoca incertidumbre jurídica. También comentó que “la prórroga de un mes, no es un paliativo. Se trata de la migración de miles de trabajadores”.
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Habló de la complejidad de esta migración en sectores como el automotriz y la minería. “Se requiere flexibilidad”, insistió.
“Estas situaciones no se previeron en la expedición del Decreto, en mayo pasado. Y todo esto ahora genera incertidumbre”.
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