La iniciativa de reforma al Poder Judicial debe ser ajustada para ofrecer certeza jurídica y no desincentivar las potenciales inversiones previstas por el nearshoring, advirtió el Consejo de Empresas Globales.
Este organismo, que representa a 60 firmas internacionales presentes en más de 20 sectores de la economía mexicana, explicó que la reforma judicial podría afectar la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en 2026, al vulnerar el Estado de Derecho.
"La falta de capacidad de los inversionistas para obtener un recurso justo y predecible en el sistema judicial mexicano minaría, entre otras cosas, las conversaciones trilaterales que ya están en curso sobre el T-MEC en 2026", señaló el Consejo en un comunicado.
El organismo hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, para que tomen "las decisiones más acertadas".
"Es fundamental que la reforma no incumpla las obligaciones previstas en los tratados comerciales internacionales suscritos por México, ya que en todos ellos, el país ha asumido compromisos que lo obligan a asegurar un entorno estable y predecible para la inversión", añadió.
El Consejo indicó que la reforma también podría afectar otros convenios internacionales como los tratados con países europeos, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, y el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica.
Destacó que el proyecto de reforma debe modificarse para garantizar la independencia judicial y procesos imparciales e independientes "que eviten costos y demoras irrazonables".
Las empresas globales también pidieron que no se limiten constitucionalmente los efectos de las resoluciones y sentencias dictadas en amparo, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, y suspensión.
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Finalmente, subrayó la importancia de un periodo de implementación razonable que salvaguarde la impartición de justicia y el Estado de Derecho, así como el establecimiento de directrices claras para las entidades federativas sobre el procedimiento de reglamentación de la reforma en el fuero local, evitando así interpretaciones divergentes.
