Las reformas que implementó el gobierno federal para apretar en el combate a la informalidad fiscal y a las empresas factureras son decisiones “un poco desesperadas del gobierno para poner orden”, advirtió Sergio Martín Esquivel, presidente de la Asociación Mexicana de Integridad y Compliance (Amexicom), antes de su participación en el Primer Congreso Internacional Compliance organizado por Thomson Reuters.
En entrevista con El Sol de México, Esquivel refirió que estas herramientas son necesarias, pero deben tener un tope, porque hay empresas y personas que cumplen con sus obligaciones.
"Sin duda alguna, después de que hay un temblor hay que acomodar las cosas. Estamos en un país donde muchas veces se prefería tomar atajos, es decir, se incumplía con las normas para no pagar impuestos o abreviar trámites”.
“Entendemos que el gobierno debe ser duro para la recaudación, duro con la delincuencia organizada y el lavado de dinero”, expresó Martín Esquivel, pero señaló que la administración también debe entender al mercado y funcionar como un facilitador e incentivar a las empresas para que no mueran".
El presidente de la Amexicom, una ONG que ofrece apoyo en materia de cumplimiento normativo, señaló que las nuevas leyes para combatir a las empresas factureras generan incertidumbre y temor entre los hombres de negocio, porque se envían señales impositivas de cumplimiento.
"Eso hace que las empresas se preocupen por invertir en el cumplimiento normativo, en dejar de ser empresas que tomaban atajos y que ahora tiene que cumplir con la norma", destacó.
COMBATE A LA CORRUPCIÓN
Sobre el combate a la corrupción, el presidente de la Amexicom afirmó que aún no hay una estrategia clara, pues las detenciones y el congelamiento de cuentas son resultados de las malas prácticas del gobierno anterior.
"Todavía no logramos ver la estrategia del Presidente en el combate a la corrupción en la actual administración, va a llevar tiempo", aseguró.
Martín Esquivel consideró que la estrategia se empezará a reflejar durante el tercer año de gobierno en la activación de la actividad económica y será fácil de identificar.
"Habrá más licitaciones, se van a repartir contratos del gobierno, habrá mejora regulatoria, no habrá tantos trámites, se necesita crear una autopista para las empresas y no se trata de dejarlas hacer lo que quieran, que paguen y cumplan pero bajo un mecanismo más práctico".
El representante de Amexicom dijo que el argumento del Presidente es que la economía estaba detenida por la corrupción, “pero si ya la abatimos se debe reactivar".
REVISARÁN CONTRATOS DE DOS BOCAS
Los contratos de algunas empresas que participan en la construcción de Dos Bocas, como Saimpen S.P.A y Saimexicana, pueden ser revocados si se les encuentra que hubo actos de corrupción durante su participación en la rehabilitación de la refinería de Tula, en Hidalgo, señaló José Salvador de la Mora, titular de Control Institucional de Pemex.
Entrevistado después de su participación en el Primer Congreso Internacional de Compliance, señaló que la petrolera sigue la línea de la Presidencia de cero tolerancia a la corrupción, por lo que trabaja en establecer controles en cada uno de los procedimientos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló en la Cuenta Pública 2018 que en la rehabilitación de las refinerías de Tula, Hidalgo, y Cadereyta, en Nuevo León, hubo un daño al erario por 285 millones de pesos.
En estos procesos participaron Saimpen S.P.A y Saimexicana, compañías que obtuvieron contratos en la planta procesadora de Dos Bocas.
El funcionario de Petróleos Mexicanos señaló que la dirección a su cargo analizará si estas empresas cometieron actos de corrupción, pero los contratos establecen penalizaciones por incumplimiento.
"Uno de los controles que tiene Pemex son las clausulas anticorrupción en los contratos y cualquier proveedor que infrinja las norma de ética se le puede rescindir el contrato sin ninguna responsabilidad para Pemex", detalló José Salvador de la Mora.