Una planta de amoniaco de 20 mil millones de pesos en Topolobampo, Sinaloa, será una de las mayores inversiones en infraestructura que realice el sector privado como parte del compromiso con el gobierno de la Cuarta Transformación.
El proyecto desarrollado por la empresa suizo-alemana Proman a través de su filial mexicana Gas y Petroquímica de Occidente GPO es una de las 147 obras incluidas en el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado, que anunciaron los empresarios y el presidente Andrés Manuel López Obrador el 26 de noviembre.
La planta de fertilizantes sería el primer paso para levantar el complejo petroquímico más importante de Latinoamérica, aseguran sus promotores. El proyecto no es nuevo, se trazó hace algunos años y en 2015 inició la etapa de preparación del sitio de la planta, pero por distintas causa no se concretó.
Recientemente ha enfrentado el rechazo de las comunidades pesqueras de Lázaro Cárdenas, Paredones, Mariviri y Ohuira, que argumentan riesgos para la pesca de camarón y jaiba en la zona, y por la probable contaminación al ecosistema.
Arturo Moya, presidente de GPO y responsable del proyecto, aseguró que hay diálogo con las comunidades para explicarles los beneficios de complejo. “Va a ser la planta más segura del mundo”, de última generación, y la probabilidad de una fuga es nula, dice.
“Llevamos 35 años operando y construyendo plantas petroquímicas alrededor del mundo sin un accidente fatal”, insiste el directivo.
Se tienen ya todos los permisos y se trabaja en obtener el 100 por ciento de la aprobación de las comunidades pesqueras, por lo que, dijo, esperan que la marcha del proyecto continúe.
“La gran mayoría de las comunidades cobijan este proyecto porque entienden que es segura, que va a traer riqueza y empleos. Es verdad, existe una minoría que no está convencida, pero estamos en esa labor. Con evidencia y comunicación vamos a convencer y cuando en 2020 arranquemos el proyecto vamos a tener el 100 por ciento del respaldo”.
El empresario explicó que mientras tramitaban los permisos con las autoridades mexicanas, cubrían los requisitos para contar con el financiamiento del Banco de Desarrollo Alemán, una entidad financiera que antes de otorgar el respaldo a proyectos pide a las empresas cumplir con normas ambientales y sociales en los pueblos en donde se establecen.
“Vamos a trabajar de la mano de la comunidad en proyectos ambientales y sociales, este proyecto va a estar financiado por la banca de desarrollo alemana y son estrictos en cuanto a temas ambientales y sociales, cumplimos con los estudios que nos pidió la autoridad alemana para que financiaran el 70 por ciento del proyecto”, destacó el directivo.
REVÉS JUDICIAL
En noviembre, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dio a conocer que con base en el principio In dubio pro natura y en protección a la soberanía alimentaria, el juez José Francisco Pérez Mier negó el amparo a ejidatarios del ejido El Muellecito, que argumentaron que la planta causaría daños ecológicos irreparables a la Bahía de Santa María Topolobampo.
La operación de dicha planta no causará daños irreparables a las Lagunas de Santa María-Topolobampo-Ohuira, por el contrario, coadyuvará a su regeneración y preservación, señala la resolución judicial sobre el amparo tramitado por los comuneros en contra de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental perteneciente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por autorizar la construcción y operación del proyecto “Planta de Amoniaco de 2,200 TMPD” en Topolobampo, Sinaloa.
El juez argumentó que el estudio de impacto y riesgo ambiental -que autorizó de manera condicionada dicha obra- “no viola los derechos humanos a un ambiente sano, al desarrollo sustentable, a la salud y al agua”.
El proyecto requiere una inversión total de mil 250 millones de dólares que será financiada por los alemanes. Una vez concluida la planta de amoniaco en 2022, iniciaría otra para producir urea.