Durante el primer trimestre del año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) denunció a 37 funcionarios por presuntos actos de corrupción, cohecho y acceso ilegal a sistemas, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Se trata de la cifra más baja para un mismo periodo desde que se tiene registro en 2005. De igual forma, se acumularon cuatro años consecutivos con una disminución en denuncias para un primer trimestre.
Entérate de todo: SAT denuncia a 272 funcionarios por actos de corrupción en 2022
Los informes de Hacienda indican que, de las 37 denuncias registradas entre enero y marzo de 2023, 34 fueron ante el Órgano Interno de Control (OIC), que es la instancia encargada de planear o realizar auditorías o informes a las distintas áreas del SAT, y los tres casos restantes se llevaron ante la Fiscalía General de la República (FGR).
A detalle, los exempleados fueron acusados de tener acceso Ilícito a sistemas y equipos de informática del organismo, cohecho y uso de documentación apócrifa, entre otras malas conductas administrativas, ya sea por falsa presunción de sus cargos, posible corrupción o desempeño ineficiente, por citar algunos casos.
La mayoría de los delitos se registraron en las administraciones generales de Recursos y Servicios (AGRS), la de Recaudación (AGR), la de Servicios al Contribuyente (AGSC), y la General Jurídica (AGJ).
Los registros dan cuenta que en el periodo de referencia también se denunciaron a por lo menos cuatro exservidores de las administraciones generales de Auditoria de Comercio Exterior (AGACE); tres más de la Auditoría Fiscal Federal (AGAFF), y uno más en la de Comunicaciones y Tecnologías de Información (AGCTI).
Todas las denuncias del fisco se originaron a nivel nacional, aunque gran parte de ellas se concentró en las regiones centro, metropolitana, noroeste y pacífico, de acuerdo con la SHCP.
Juvenal Lobato, profesor de Derecho Fiscal de la Facultad de Derecho de la UNAM, explicó que aun cuando las denuncias sean presentadas ante el OIC, los trabajadores pueden recibir una amonestación, multa económica o hasta la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
“A veces las denuncias también son presentadas cuando una persona deja de trabajar en la administración pública, pero eso no les impide llevar a cabo un juicio y aportar las pruebas necesarias. Incluso, aquí también pueden ser inhabilitados para laborar en el gobierno posteriormente”, dijo el experto a El Sol de México.
En enero del año pasado, Raquel Buenrostro, entonces titular del SAT, aseguró que el organismo estaba elaborando una“lista de transparencia”, cuyo fin sería dar a conocer “con nombre y apellido” a los servidores públicos denunciados en los últimos años por actos de corrupción.
“Vamos a poner el nombre completo del servidor, así como el año que cometió el delito, cuándo lo denunciamos, cuándo se sentenció y el tipo de delito que realizó”, comentó Buenrostro, quien aclaró que sólo sería pública la información de los servidores ya sentenciados.
La ex jefa del SAT expresó que estos excolaboradores estarían relacionados con actos de corrupción. Incluso, afirmó que dentro de los denunciados está personal dela actual administración pública federal.
Una fuente con conocimiento del tema,y que solicitó el anonimato, comentó a este diario que dicha “lista de transparencia”continúa en proceso de elaboración, pues el proyecto se frenó con la salida de Raquel Buenrostro de la institución.
En octubre de 2022, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales(INAI) instruyó al SAT a dar información sobre las denuncias presentadas ante la Fiscalía en contra de su personal por actos de corrupción.
La instrucción del INAI estaba dirigida para que el fisco precisara en cada caso la fecha en que se presentó la denuncia, detallando nombre y cargo del sujeto, el delito, al igual que el hecho o asunto que provocó la acusación.
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De igual forma, el SAT debería explicar e indicar si hubo daño patrimonial o a cuánto ascendió el monto involucrado, el estatus de la denuncia, así como la cantidad de detenidos y su situación jurídica actual.
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