El senador Napoleón Gómez Urrutia negó que la iniciativa que presentó para regular el outsourcing aleje a México del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y que se criminalice la práctica, como señala el sector privado.
Con la reforma a los artículos 15 A a 15 D de la Ley Federal del Trabajo, estos esquemas de contratación podrían ser declarados ilegales, incluso equiparados con delincuencia organizada.
La iniciativa, aseguró el senador de Morena, salió de las reuniones de Parlamento Abierto realizadas una vez aprobada la Reforma Laboral, para generar propuestas y enriquecerla. Una vez construido el dictamen con el consenso de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, la iniciativa será llevada al pleno, apuntó.
La ilegalidad consiste en la actuación de quienes evaden el fisco, niegan derechos de los trabajadores, y no contribuyen con los organismos de seguridad social, dijo el legislador.
El sector privado advierte riesgos en esta propuesta. Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE, consideró que en la regulación del outsourcing, los legisladores van muy lejos, pues con tanta norma la eliminan en la práctica y además la criminalizan.
"No sólo pretenden desaparecer la figura, sino que pretenden convertirla en delincuencia", afirmó el dirigente, quien admitió que es necesario regularizar esta práctica.
César Maillard, integrante de la Mesa Directiva de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) señala que México está bajo una gran presión de Estados Unidos para legislar en materia laboral, aprovechando el T-MEC.
"Estados Unidos está dictando las directrices para que la Ley Federal del Trabajo tenga cierta afectación hacia el empresariado mexicano", comenta.
La senadora Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, propuso audiencias con cámaras empresariales, sindicatos, académicos y compañías de outsourcing para elaborar un registro y luego un dictamen.
