Los contratos con Moody’s, Fitch Ratings y Standard & Poor’s, por los cuales el gobierno pagó al menos 6.6 millones en la última década, no serán cancelados aunque no esté de acuerdo con sus recomendaciones, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El Sol de México publicó este lunes que desde 2009 el gobierno ha pagado a Fitch Ratings 1.7 millones de dólares, 1.9 millones a Standard & Poor’s, y 2.8 millones de dólares a Moody’s por contratos para que evalúen el riesgo crediticio del país.
De acuerdo con las copias de esos convenios, que la Secretaría de Hacienda entregó a este diario en respuesta a una solicitud de transparencia, el último contrato firmado con Fitch Ratings venció el 24 de abril pasado, mientras que el de S&P tenía vigencia hasta el 31 de agosto.
La SHCP informó ayer que la fecha estimada de renovación con S&P es hoy 25 de octubre, y le pagará 300 mil dolares por un contrato vigente entre 2019 y 2020. Con Fitch Ratings, la dependencia renovó el contrato este miércoles 23 de octubre, con una tarifa de 300 mil dólares.
"Estas firmas operan y dan servicios sobre análisis, evaluación y determinación de la calidad crediticia de una entidad (un gobierno en nuestro caso). Su función es informar al mercado sobre los riesgos reales que enfrentan los inversionistas", dice la nota de Hacienda divulgada la tarde de este jueves.
Por la mañana, el Presidente dijo en su conferencia mañanera que su gobierno podría ahorrar lo que cuesta pagarle a una "pero no lo hacemos ni lo vamos a hacer porque no queremos que se piense que se está castigando o tomando represalias en contra de calificadoras; sería un muy mal mensaje para los mercados financieros".
Sin embargo, reiteró que puede estar en desacuerdo y citó el reclamo que hizo cuando una calificadora, Fitch Ratings, degradó la nota de Pemex a grado especulativo, en el mes de junio.
"Les reclamamos amablemente que no habían actuado con profesionalismo, porque se quedaron callados en el tiempo en el que prevalecía la corrupción en Pemex y se cayó la producción petrolera -sólo el año pasado en 200 mil barriles diarios- y no lo vieron; sin embargo, a nosotros que detuvimos esa caída nos bajaron la calificación", recordó.
En los contratos, las agencias establecen que las calificaciones que emitan se basan en la información aportada por el contratante, en este caso el gobierno.
Una de las críticas del Presidente a las calificadoras es que usan una metodología de hace tres décadas y neoliberal. Esta semana, Tobias Adrian, consejero financiero y director del Departamento de Mercados Monetarios y de Capital del Fondo Monetario Internacional (FMI), dijo que las calificadoras, tan criticadas después de la crisis financiera de hace 10 años, presentan aún problemas de gobernanza y conflicto de interés.
Pero sus metodologías de análisis de deuda crediticia de empresas y gobiernos son mejores, a diferencia de la falta de modelos para hacerlo con las hipotecas subprime, que detonaron la crisis financiera de 2008, dijo el funcionario del FMI.
