El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) respaldó la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador que desaparecería al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), entre otros organismos autónomos.
“Reconocemos la importancia de este paso, que permitirá al Ejecutivo federal recuperar facultades y hacer efectiva la rectoría del Estado en un sector estratégico y asegurar la soberanía digital del país”, sostuvo el sindicato.
“Es fundamental revertir el daño que causó el IFT y rescatar a las telecomunicaciones de la grave crisis en las que han sido sumergidas. Y dar inicio a un proceso de cambios profundos que, con una visión de conjunto y de largo plazo, hace necesaria una reforma integral de la Ley Federal de Telecomunicaciones, Radiodifusión, Ciencia y Tecnología”.
Recordó el secretario general del STRM, Francisco Hernández Juárez, que la reforma de 2013 sólo sirvió para encarecer los servicios de televisión de paga y desalentar la inversión en conectividad, despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y desarrollo tecnológico autónomo.
Esto afectó a más de 40 millones de mexicanos de escasos recursos y de poblaciones alejadas, ya que la reforma de 2013 fue omisa en proveer la inclusión digital y convirtió al país en consumidor neto de tecnología en lugar de adentrarse en la innovación y creatividad, dentro de un modelo que competencia que se supedita al interés de los concesionarios transnacionales o del duopolio de la televisión.
En comunicado, el secretario general del STRM destaca que el IFT surgió de las mal llamadas reformas estructurales del gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto.
“Ha sido el instrumento para impulsar estas políticas por medio de un esquema regulatorio ineficiente, cuyos efectos frenaron el despliegue de las redes e infraestructura en las zonas mas alejadas o desprotegidas del país”.
Y concentraron la competencia entre los distintos operadores de telecomunicaciones únicamente en las regiones de más alta rentabilidad. Con ello se amplió la brecha digital entre los distintos usuarios de estos servicios.
Recordó que en el llamado “Pacto por México”, se comprometió la entrega de sectores estratégicos como el Energético y las Telecomunicaciones.
Telefonistas fueron afectados por la reforma de 2013
"Adicionalmente, se afectó profundamente a los telefonistas con determinaciones en perjuicio de nuestra fuente de trabajo, como la separación funcional y otras medidas como la imposición de tarifas por debajo del costo. Esto representó un subsidio directo a los competidores de Teléfonos de México".
Del IFT dijo y reiteró su sentir por años del desempeño, “que convirtió al sector de telecomunicaciones en un cuello de botella para el desarrollo del país”.
Señaló que la rapidez con la que el IFT actuó para imponer el criterio de preponderancia despertó sospechas. Apenas seis meses después de su creación, determinó los Agentes Económicos Preponderantes en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, e impuso una serie de medidas a modo de sanción.
“Estas acciones destructivas comenzaron incluso antes de contar con la Ley Reglamentaria y se aplicaron de manera diferenciada a los mercados de televisión abierta y radiodifusión”, recordó.
Para el líder de los Telefonistas, “es evidente que la preponderancia se diseñó deliberadamente pensando en la empresa que era la única que cumplía con esas características. Por ello, estas penalidades resultaron claramente discriminatorias”.
Detalló que el criterio de preponderancia se aplica en función del tamaño, ya sea por número de usuarios, suscriptores, audiencia, tráfico en sus redes o capacidad utilizada, si supera el 50 por ciento.
Este enfoque unidimensional ignora cualquier análisis técnico-económico riguroso y su impacto en el desarrollo del sector, además de no demostrar la ausencia de competencia.
“La conspiración es evidente. Se estableció de facto una doble regulación que puede llevar en el extremo, a sancionar a la empresa preponderante por tener poder sustancial de mercado o prácticas monopólicas, incluso si cumple con las sanciones impuestas".
Destacó que las concesiones de servicio público se otorgan para que el sector privado supla de manera efectiva la insuficiencia temporal del gobierno federal. Por lo tanto, el servicio proporcionado por las concesionarias es de carácter público y de interés general, por lo que debe alinearse con los principios establecidos en la Constitución.
Subrayó Hernández Juárez que las telecomunicaciones son un servicio estratégico para el desarrollo nacional digital y la inclusión social. Por lo tanto, no deben estar subordinadas a criterios neoliberales alienados a la competencia de mercado.
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