Los cambios a la ley eléctrica para apuntalar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) generará incertidumbre sobre la inversión y provocará amparos de las empresas privadas, pero por el momento no es un motivo suficiente para mover la calificación del país, señaló la calificadora S&P.
En un foro virtual, Daniel Castineyra, analista de infraestructura de la firma, recordó que con la reforma de Andrés Manuel López Obrador se busca poner a la CFE sobre los privados, para continuar con el proyecto de soberanía energética.
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Sin embargo, esto provocará que las empresas privadas interpongan amparos o apelen a tratados comerciales, lo que continuará debilitando la confianza del país y ahuyentará la inversión en el mediano plazo.
“En Latinoamérica hay un interés hacia una transición energética, pero México le sigue apostando a los combustibles fósiles. Por ahora no habrá movimientos a la calificación, pero continuaremos vigilando lo que sucede en el sector y en el país”, comentó.
El pasado 29 de enero, el presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa en carácter preferencial para reformar la Ley de la Industria Eléctrica.
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Uno de sus principales objetivos es fortalecer a la CFE pues, entre otras cosas, se busca que la energía del país provenga principalmente de esta empresa, dejando de lado a los privados y sus energías renovables.
Según BBVA México, se estarían poniendo en riesgo 40 mil millones de dólares en inversiones dentro del ramo de energías verdes, las cuales se han invertido en el país años atrás, cuando las reglas de los contratos eran claras y las empresas tenían que cumplir con principios de sustentabilidad.
Los señalamientos de S&P se suman a los de las agencias Fitch Ratings y Moody's, quienes la semana pasada también advirtieron de los riesgos de implementar la reforma.
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