Un grupo de 20 legisladores de Estados Unidos, entre representantes y senadores, exigieron al presidente Joe Biden atender las violaciones al Tratado entre México-Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en materia energética en sus reuniones diplomáticas con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
En una carta enviada por republicanos y demócratas al mandatario estadounidense, los legisladores señalan que la reforma a la Ley de Hidrocarburos y la modificación a la Ley de la Industria Eléctrica limitan el acceso de empresas de ese país al mercado de hidrocarburos y energías renovables en México.
La carta fue enviada un día antes de que la secretaria de Economía de México, Tatiana Clouthier Carrillo, inicie una gira por Washington en el marco del primer aniversario del T-MEC.
A principios de mes, la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Thai, y la ministra de Comercio Exterior de Canadá, Mary Ng, visitaron México con el mismo motivo.
Durante ese encuentro, Thai dijo que Estados Unidos tiene “inquietudes reales” por la política energética que implementa la Cuarta Transformación.
“Desde que la reforma constitucional mexicana de 2013 permitió la participación privada en el sector energético mexicano, las compañías estadounidenses han invertido miles de millones de dólares en infraestructura energética en México, que resultó positiva para manufactureros, trabajadores, el medio ambiente y la seguridad energética de Norteamérica”, señala la misiva enviada por los legisladores de EU.
Añaden que en una carta previa enviada al expresidente Donald Trump, los legisladores ya habían expresado sus preocupaciones ante el tratamiento preferente que perfiló el presidente de México para Pemex y CFE, así como la cancelación y el entorpecimiento de la entrega de permisos para empresas estadounidenses en el ramo. “Estos retos siguen siendo un serio problema”.
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De acuerdo con los legisladores, las reformas resultan violatorias al T-MEC, pues, por ejemplo, la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica otorga preferencia a la CFE para despachar su electricidad, que resulta más cara y contaminante que la de otras empresas.
“También elimina la competencia en el sector eléctrico del país, impactando negativamente las inversiones de Estados Unidos, mientras incrementa los costos para los consumidores y manufactureros mexicanos, al tiempo que incrementa significativamente las emisiones de dióxido de carbono (20%) y las de dióxido de azufre (150%). El incremento en los costos de energía en México impactará las cadenas de valor regionales, reduciendo la competitividad de Norteamérica, al mismo tiempo que el Gobierno de Estados Unidos y empresas del país concentran todos sus esfuerzos en nuestra recuperación económica”.
El grupo de representantes y senadores, liderados por el republicano John Cornyn, quien ocupa un sitio en el Senado de Estados Unidos, por Texas, añade que la situación es similar, al revisar la reforma a la Ley de Hidrocarburos, aprobada en marzo de este año y que se mantiene congelada por el Poder Judicial mexicano.
“México es el mercado de exportación más grande para los productos petroleros de Estados Unidos y es un mercado en expansión para el gas natural. El potencial para la integración energética en el mercado regional es significativo. El T-Mec busca dar certeza a los inversionistas e impulsar un comercio e inversión que sea mutuamente benéfico”, añaden.
Sin embargo, dice la misiva, los recientes cambios regulatorios y legislativos de la administración del presidente López Obrador generan un campo de juego en desventaja para los inversionistas privados contra Pemex y CFE, y por ello, crea gran incertidumbre para las compañías estadounidenses con inversiones existentes, o bien, para las que buscan invertir en México, pues las reformas amenazan la viabilidad de proyectos de inversión a largo plazo.
El lunes pasado, El Servicio de Administración Tributaria (SAT), en colaboración con la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, le suspendió el registro fiscal a 82 empresas que importan y exportan gas y gasolina, debido a diversos incumplimientos en su documentación, lo que les imposibilita para hacer actividades de comercio exterior en la materia.
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Entre las empresas afectadas por la medida del organismo fiscal, destacan compañías como Ferrosur, que pertenece a Germán Larrea, la ferroviaria Kansas City Southern de México, así como a la petrolera internacional Repsol.
De acuerdo con la dependencia dirigida por Raquel Buenrostro, la suspensión de los sellos fiscales, se debe al incumplimiento de requisitos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones, que van desde no contar con el Buzón Tributario, hasta no cumplir con el pago de impuestos o declaraciones fiscales.
“La colaboración entre el SAT, la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, propiciará una mayor certeza jurídica acerca del cumplimiento de las obligaciones de las personas físicas y morales relacionadas con las importaciones y exportaciones en el sector energético”, señaló el organismo en un comunicado emitido a última hora de ayer.
“Estas acciones se suman a los diversos esfuerzos que se han impulsado desde el SAT para bajar la evasión y la elusión fiscal”, añadió.
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