Trabajadores portuarios votan este jueves para refrendar contrato colectivo bajo T-MEC

Denuncian violación de los derechos de los trabajadores mercantes, contratación por outsourcing, bajos salarios

Bertha Becerra | El Sol de México

  · miércoles 14 de julio de 2021

En México hay entre 400 mil a 600 mil contratos colectivos de protección. En la imagen, la aduana de Manzanillo. Foto: Cuartoscuro

En México hay entre 400 mil a 600 mil contratos colectivos de protección, esto es, mafias organizadas patronales que violan flagrantemente todos los derechos laborales de los trabajadores que marca la Ley Federal del Trabajo (LFT) y se defrauda al SAT, Infonavit e IMSS.

“Y nadie hace nada. Esta es la realidad. Queremos que se acabe este esquema de corrupción”, afirmó en conferencia de prensa el capitán Antonio Rodríguez Fritz, secretario del Trabajo de la Orden Marítima de Profesionales Marítimos y Portuarios.

En conferencia de prensa de Organizaciones Sindicales del Mar de México, Estados Unidos, Panamá y Puerto Rico, se puso de manifiesto que “en los últimos 30 años mantienen una lucha contra los contratos de protección en el sector y, sin embargo, permanecen, sobre todo en la Sonda de Campeche”.

Como ejemplo citaron el caso del Sindicato de Obreros y Empleados de Transportes, Comunicaciones y Similares de la República Mexicana y su relación con la empresa Servicios Corporativos Marítimos, S.A. de C.V. subsidiaria de la firma española Corporativo Boluda, Corporación Marítima.

Este jueves se llevará a cabo la votación de acuerdo a la reforma a la Ley Federal del Trabajo para reconocer o no la titularidad del contrato colectivo de trabajo, en el marco del T-MEC.

Denunciaron constante violación de los derechos de los trabajadores mercantes, contratación por outsourcing, bajos salarios, existencia del contrato de protección y colusión entre la empresa y el sindicato y amenazas para ratificar su titularidad.

Hablaron del boicot a este ejercicio que tendrá lugar mañana jueves en 7 puertos: Ensenada, Guaymas, Mazatlán, Manzanillo, Salina Cruz, Altamira y Coatzacoalcos. Así, a quienes trabajan en Tampico, los mandaron votar a Coatzacoalcos y quienes laboran en La Paz tendrán que ejercer su sufragio en Mazatlán.

“Buscan impedir que los trabajadores puedan votar. Esperamos que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) esté a la altura de las circunstancias”, dijo el capitán Rodríguez Fritz.

Frente a este esquema de abusos, instancias internacionales como la International Organization of Masters, Mates & Pilots (MM&P), están listas para su defensa, dijo el capitán Don Marcus, presidente de este organismo gremial.

“Los trabajadores de las subsidiarias de Boluda tienen el apoyo de sindicatos de Estados Unidos y Panamá. Los apoyamos porque obtengan el derecho democrático de votar en el recuento de la titularidad del contrato colectivo”, expresó.

De la empresa matriz Boluda, comentó el capitán Rodríguez Fritz, “en España no comete las violaciones que comete en México”.

“Por tanto, la única forma de librarnos de los contratos de protección es denunciarlos”.

“Qué bueno y estamos contentos que el capítulo laboral exista en el T-MEC. Esperamos que sea letra viva y terminar la farsa de violaciones que nadie quiere ver y que todos saben que existe”, aseveró.

El doctor en Derecho Laboral, Pablo Franco Hernández, catedrático del Centro Nacional de Investigaciones Jurídicas y presidente de la Unión de Juristas de México, A.C., pidió al gobierno federal que reciba denuncias y corrija problemas.

“Nos hemos aproximado a compañeros de Estados Unidos y vamos a denunciar todas las violaciones a los derechos de los trabajadores. Vamos a exigir al Gobierno mexicano que tome medidas para garantizar el principio de neutralidad, que se incorporó en la Ley Federal del Trabajo.

Acerca de los resultados preliminares de la votación que se llevará a cabo este jueves 15 de julio, el capitán Rodríguez Fritz comentó que se tendrán ese mismo día. “La presidenta de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emitirá el acuerdo”.

El abogado Franco terció y comentó que las partes: sindicato y empresa, tienen 48 horas para objetar o presentar irregularidades y la JFCA deberá emitir un laudo.