El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador revisará y revocará los permisos de autoabastecimiento eléctrico que se aprobaron tras la reforma eléctrica de 2013, esto luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la Ley de la Industria Eléctrica aprobada en 2021.
“Se revisarán y revocarán los permisos de autoabastecimiento encuadrados en la grave irregularidad del fraude a la ley.
Existen 234 autoabastecimientos, de los cuales 110 son ilegales y tienen 77 mil socios-clientes, ya que se compra-venden energía eléctrica y capacidad”, informó Presidencia a través de un comunicado.
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El Gobierno adelantó que también revisará la legalidad y rentabilidad financiera para el Estado de los contratos de producción independiente, los cuales en su caso deberán ser renegociados o terminados anticipadamente.
“Como se podrá observar, se termina el negocio heredado donde se benefició a la inversión privada extranjera (Iberdrola, Naturgy, Mitsui, Saavi, Enel, etc)”, finaliza el comunicado.
De acuerdo con la información disponible en la página de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), algunos de los permisos pertenecen a la empresa española Iberdrola, que surte energía eléctrica a empresas como Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma; Cemex; Sigma; Kimberly Clark; Soriana; Chedraui; Comercial Mexicana; Nissan, entre otras.
La española recibió permisos de la CRE para generar electricidad bajo la modalidad de autoabastecimiento para proyectos como Iberdrola Energía Monterrey, en 2013; Iberdrola Energía La Laguna, en 2011; Iberdrola Energía Tamazunchale, en 2012; Iberdrola Energía del Golfo, en 2015, e Iberdrola Energía Altamira, en 2015.
En entrevista con El Sol de México, el vocero de la organización Plataforma México Clima y Energía, Víctor Ramírez, explicó que de eliminarse tales permisos, una de las afectaciones sería el incremento en el costo de la energía eléctrica, que sería pagado por los consumidores de las marcas que reciben la energía de las centrales energéticas.
Añadió que esto podría impactar en la inflación, la cual ya es alta y que al mes de marzo alcanzó una tasa de 7.45 por ciento en términos anuales.
El anuncio del Gobierno federal se dio después de que en el Pleno de la Corte no se alcanzaron los votos necesarios para declarar inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica de 2021, con lo que dicha norma sigue vigente pero los particulares pueden seguir amparándose contra ella.
La votación del jueves en la Corte no sentó jurisprudencia, lo que permitirá que sigan los juicios de amparo de más de 200 empresas que impugnaron la ley aprobada en 2021.
Un análisis de Integralia indicó que con los siete votos por la inconstitucionalidad, los amparos en las salas tienen altas posibilidades de prosperar.
En este escenario, el presidente Andrés Manuel López Obrador necesita la reforma constitucional, que se discutirá la semana próxima en el Congreso, para poder llevar a cabo los cambios que quiere en la industria eléctrica.
Sobre la votación, el Presidente dijo que fue un hecho histórico” y “patriótico” ya que se reparó el daño que según él, se había cometido en el sexenio pasado con la reforma energética.
“Quiero informarle al pueblo de México que la resolución de la Suprema Corte de declarar constitucional la Ley Eléctrica fue histórica, patriótica, en beneficio del pueblo de México, en beneficio de la Nación”, dijo el mandatario durante su conferencia mañanera.
Respecto al comunicado del jueves donde el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, advirtió la preocupación de su país de que la validación de la Ley de la Industria Eléctrica traerá litigios sin fin y generará incertidumbre para las inversiones, el Presidente comentó que México haría lo propio en caso de requerirse.
“Es como lo plantea en su texto el embajador Ken Salazar, con todo respeto: podemos discrepar de manera respetuosa. Y él habla de que puede haber acciones de tipo jurídico. Nosotros también haríamos lo propio, porque somos un país independiente, libre”, sentenció.
QUE ACUDAN AL DEPARTAMENTO DE ESTADO DE EU
Subrayó que hay presiones de Estados Unidos hacia los políticos y funcionarios, pues aseguró que existe la costumbre de que reciben dinero de las corporaciones empresariales para “alinearse”; aunque dijo que no juzgaba si estaba bien eso, pero, si alguna empresa estadounidense se siente afectada que acuda al Departamento de Estado de EU.
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En cambio, dijo que en México, “se está inaugurando una etapa democrática nueva, donde prevalece el interés del pueblo, no el interés de las cúpulas”.
Finalmente, dijo que con sus políticas gubernamentales “no hay nada que tener” y a todos les conviene, pero que si permanece el interés de lucro “a todos nos va a ir mal”, concluyó. Con información de Diego Aguilar
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