La minera Vulcan Materials acusó al gobierno mexicano del uso de una “desproporcionada demostración de fuerza” para frenar sus actividades en una terminal marítima que opera en Quintana Roo.
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En una denuncia presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), la compañía estadounidense detalló los ataques constantes del presidente Andrés Manuel López Obrador desde el año pasado hasta la clausura por parte de personal armado de su subsidiaria Sac-Tun, antes Calizas Industriales del Carmen (Calica).
“De forma inusual y desproporcionada demostración de fuerza, México envió a más de 30 marinos fuertemente armados, vehículos armados, drones y embarcaciones navales a las instalaciones de Calica”, narró la empresa en el documento refiriéndose a hechos ocurridos el 2 de mayo del año pasado.
Luego de estos hechos continuaron las descalificaciones del jefe del Ejecutivo federal hacia sus actividades desde la conferencia matinal, así como el hostigamiento de instituciones en su actividad. El documento narra que drones oficiales sobrevolaron sus instalaciones al igual que helicópteros con camuflaje militar, estos últimos aterrizaron en dos ocasiones sobre propiedad de la empresa sin permiso, indicó la empresa estadounidense.
La historia de desencuentros entre la minera estadounidense y el gobierno mexicano viene desde la administración pasada, sin embargo, se ha intensificado en el presente sexenio, principalmente en el último año. A finales de 2018, la compañía presentó ante el CIADI una intención de reclamo internacional por la clausura de predios donde extraía material pétreo que enviaba a Estados Unidos, luego de procedimientos realizados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) desde 2017.
Sin embargo, fue a inicios del año pasado cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador inició una campaña contra Calica, hoy Sac-Tun, subsidiaria de Vulcan Materials, por causar una catástrofe ecológica en la zona del corredor turístico Cancún-Playa del Carmen.
En una memoria sobre el caso, presentada por Vulcan Materials al CIADI en diciembre pasado, la empresa narra que en enero de 2022, por primera vez en 30 años de operaciones en México, la autoridad aduanera no le renovó un permiso para exportar material pétreo.
Ese mismo mes, dijo, comenzaron los señalamientos del presidente López Obrador contra la actividad que realizaba la empresa en el sureste mexicano.
Tras una serie de negociaciones, contó, en abril del año pasado se le renovó el permiso de exportaciones por un periodo de tres años, sin embargo, la autoridad aduanera dejó sin efecto la autorización un mes después.
A un año de estos hechos, el pasado 20 de marzo Vulcan Materials denunció públicamente que fuerzas de seguridad mexicanas tomaron posesión de su terminal marítima en Quintana Roo, en un capítulo de la batalla legal entre la empresa y la administración federal por sus actividades de extracción de piedra caliza.
La empresa reclama al gobierno mexicano una compensación de mil 900 millones de dólares por la clausura y ocupación de su mina.
No obstante, en una respuesta al CIADI la administración federal calificó de improcedente la demanda y de falta de jurisdicción ya que, argumentó, el reclamo alude violaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ocurridas en 2022,dos años después de que dicho tratado dejó de ser vinculante.
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Si bien la intención de reclamo por parte de Vulcan Materials se dio desde 2018, fue en julio del año pasado que el CIADI autorizó a la empresa la presentación de una reclamación adicional por las medidas del gobierno contra su mina.
“Las medidas que se reclaman se refieren a hechos que acontecieron en mayo de 2022, es decir, casi dos años después de que el TLCAN dejara de ser vinculante para las partes (...) resulta evidente que el tribunal carece de jurisdicción para pronunciarse”, indicó la respuesta del gobierno.
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