México tiene bloqueadas cuentas bancarias por alrededor de 4 mil millones de pesos por vinculación a delitos diversos, dijo este jueves el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto.
Al participar en una reunión con parlamentarios de Morena, Nieto confirmó que la Unidad a su cargo tiene activos 130 bloqueos por 3 mil 809 millones de pesos más otros por cerca de 846 millones de pesos.
La UIF está a cargo de combatir el lavado de dinero y casos de corrupción, y de esta oficina salieron las primeras denuncias contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, actualmente prófugo.
Nieto señaló a los parlamentarios de Morena que estos fondos bloqueados permanecen en los bancos, que finalmente son los que ganan por su uso y por los intereses, por lo que una reforma legal, ayudaría a que los recursos fuesen distribuidos mediante el llamado Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
Esta reforma, planteada por Morena en el Senado, podría ser relevante para poder utilizar esos recursos, trasladarlos, a programas sociales o la procuración o a la impartición de justicia.
Santiago Nieto exige modificar leyes para dar autonomía a la UIF
Nieto Castillo demandó diversas modificaciones a fin de que la UIF pueda contar con autonomía técnica de gestión y cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), del que México forma parte.
Las modificaciones que propuso son a la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de Procedencia Ilícita, el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley de Instituciones de Crédito; de esta última remarcó que ya fue aprobado por el Senado de la República y está en espera de que la Cámara de Diputados se pronuncie.
Al señalar que el país no puede extraerse del conglomerado de naciones que integran el GAFI, advirtió que estas someterán a México, a través de una comisión, a una evaluación, en la que la calificación dependerá, en gran medida, si se cumplen con los parámetros del estándar internacional y consiguiendo la efectividad en los casos.
Dentro de estas medidas se encuentran: que el financiamiento al terrorismo sea un objeto de la ley, no solamente el lavado de dinero, la obligación de establecer unidades de inteligencia patrimonial y económica de las entidades federativas.
“La autonomía técnica de gestión de la Unidad de Inteligencia Financiera, con la que actualmente de hecho se opera, pero que es importante que sea plasmado también a nivel legal”, abundó.
28 Estados tendrán su propia Unidad de Inteligencia
También celebró que al momento son 28 entidades se encuentran en proceso de consolidación o de construcción de sus Unidades de Inteligencia, luego que a más de seis años, no se habían constituido más que diez entidades.
“Hoy llevamos 28 en proceso de consolidación o de construcción en las entidades federativas. Y faltan solamente cuatro entidades para poder generar esta unidad de inteligencia patrimonial”, comentó.
“Si ustedes dan el soporte, podemos tener información de catastro, de predial, de las personas políticamente expuestas a nivel local y poder encontrar de mejor forma los mecanismos de corrupción. Un listado de personas políticamente expuestas, que hoy en día no tenemos”, añadió entre los beneficios de aprobar estas iniciativas.
Detalló que con la Función Pública firmaron un convenio de colaboración para poder tener acceso a las bases de datos, y poderle decir a cualquier persona, en el sistema financiero o en las actividades vulnerables, quién es una persona políticamente expuesta, para que establezca mejores mecanismos de control y evitar actos de corrupción.
“La identificación del beneficiario final, es algo que GAFI nos está pidiendo. La declaración de la UIF como instancia de seguridad nacional, lo cual ya existe a nivel administrativo pero hay que subirlo a ley; y el cambio de los cálculos monetarios, no en salarios mínimos, sino en unidades, en UMAS”, añadió.
Señaló que también espera se reforme, en términos del estándar internacional, el artículo C-bis del Código Penal Federal, ya que valdría la pena incorporar el delito del financiamiento del terrorismo, como un delito que permitiera a las personas morales ser sancionadas.
“Y en el caso del Código Nacional de Procedimientos Penales, que los recursos de esas personas morales que han sido, han cometido un acto delictivo, puedan ser llevados, que no puedan ser utilizados para constituir otra sociedad mercantil que tenga ese tipo de objetivos sociales”, agregó.
UIF busca más apoyo del SNA
Sobre la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, consideró que el SNA inició con un defecto: la información fiscal y la información financiera no formaban parte del sistema.
Enfatizó que es importante que estos dos elementos se comuniquen con el sistema anticorrupción, para “poder generar mejores casos en la Fiscalía Anticorrupción o en la Auditoría Superior de la Federación, en el Tribunal de Justicia Administrativa o en la Secretaría de la Función Pública. Y esto lleva a un tema importante, que tiene que ver con la mejora en el andamiaje legislativo”, explicó.
“Debemos reconocer que existen elementos que pueden todavía mejorarse, para poder tener un mejor control sobre todo de las actividades que tanto lesionan a la vida pública de México: el financiamiento ilícito a las campañas electorales, los temas relacionados con el tráfico de armas, el tráfico de drogas, particularmente fentanilo; el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas y los temas vinculados evidentemente con la corrupción”, agregó.
Señaló que de aprobarse las iniciativas que ha presentado la fracción parlamentaria de Morena, se podrá avanzar de mejor forma entre el gobierno y el Senado, para poder generar un mejor modelo que permita cumplir con un reclamo popular fundamental: el combate a la corrupción y particularmente, el combate a la impunidad.
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