Más de cuatro millones de pesos es lo que el concesionario de la Ruta 13 ofrece como acuerdo reparatorio a la familia de Emmanuel Vara Zenteno para que Javier Julio, de 19 años de edad, consiga su libertad luego de que el pasado miércoles fuera detenido por colisionar y matar a quien fuera director de la Secretaría de Gestión y Movilidad del Ayuntamiento de Puebla.

Pese a lo anterior, a través del agente del Ministerio Público, los dolientes se negaron a aceptar la reparación del daño que la defensa del imputado mencionó durante la audiencia celebrada este lunes en la Casa de Justicia Puebla, tratándose de una cantidad inusual, incluso superior a las que se han ofrecido en otros casos similares hasta en hechos de tipo doloso, como homicidios, donde los deudos han recibido entre 200 y 280 mil pesos.

CHOFER DE RUTA VINCULADO A PROCESO

Con sala llena y sin la presencia de los familiares de Emmanuel Vara Zenteno, este lunes poco después de las 15 horas dio inicio la audiencia de vinculación a proceso contra Javier Julio N.

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La representante de la Fiscalía General del Estado solicitó que la medida cautelar de prisión preventiva necesaria, impuesta al conductor del transporte público durante una primera audiencia, prevaleciera. Fue en ese instante que la defensa del joven de 19 años de edad -y padre de dos menores- objetó para luego pedir que la medida cautelar a imponer fuera cambiada por firma periódica, restricción para salir del estado, así como para acercase a los deudos, además de realizar una exhibición económica de acuerdo a sus posibilidades.

Lo anterior atendiendo al criterio de que el delito por el cual se le acusa a Javier Julio es de carácter culposo, es decir, que se cometió sin intención, por lo que la ley brinda la posibilidad de que los acusados de estos hechos pasen su proceso en libertad y, además, puedan llegar a un acuerdo reparatorio con la víctima o bien, con los ofendidos.

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Ante tal escenario lo defensores del transportista recurrieron a una segunda estrategia; manifestaron el deseo del detenido de llegar a un acuerdo reparatorio con los agraviados.

En este sentido, los litigantes explicaron que aunque el concesionario de la Unidad ofreció la póliza de seguro, que cubre gastos de entre tres y cuatro millones de pesos por daños a terceras personas, la parte acusada está dispuesta a dar poco más de esa cantidad para llegar a un acuerdo reparatorio a través del área de Medios Alternativos de Solución de la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, el padre de Emmanuel indicó que no estaban dispuestos a aceptar la reparación del daño a cambio de la libertad del conductor del transporte público.

De tal manera que al no haber acudido los dolientes a esta segunda audiencia se ordenó que el proceso penal siguiera su curso, otorgando plazo de tres meses para investigación complementaria.