La defensa de 13 víctimas del colapso de una trabe de la Línea 12 del Metro pidió al Poder Judicial de la Ciudad de México congelar las cuentas bancarias de los imputados mediante un instrumento precautorio dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
El asesor jurídico Teófilo Benítez Granados impugnó ante la Unidad de Gestión Judicial Número Cinco del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México las bimpuestas al exdirector del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas y a otros siete acusados, debido a que llevarán el proceso en libertad, por considerarlas insuficientes para evitar que avadan a la justicia y se garantice la reparación integral del daño.
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La impugnación promueve que los acusados solventen la reparación del daño causado a las 13 víctimas directas e indirectas del colapso de la Línea 12 ocurrido el 3 de mayo de 2021, por lo que la asesoría jurídica solicitó el congelamiento de sus cuentas bancarias, mediante un instrumento precautorio dirigido a la CNBV.
Esto permitirá garantizar que, en caso de una sustracción de la justicia, existan fondos para cubrir una eventual indemnización.
“Dentro de esta medida cautelar se solicitó a dicha unidad el embargo de bienes, la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero”, dijo Benítez Granados.
En un comunicado, la defensa señala que la Ley General de Víctimas establece que los agraviados tienen derecho a la reparación del daño “de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva (…) como consecuencia del delito o hecho victimizante que los ha afectado, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición”.
En el recurso legal presentado ante el Poder Judicial también se estableció la posibilidad de la colocación del brazalete electrónico de seguridad, para mantener un monitoreo permanente las 24 horas y los siete días de la semana a los imputados, que enfrentan acusación por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad, todos culposos, sin que eso perjudique sus derechos humanos, pues no se contempla el arresto domiciliario.
Según Granados Benítez, las medidas cautelares impuestas por el juez de control José Luis Palacios, “no tuvieron una correcta ponderación de los derechos fundamentales de las víctimas”.
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