La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó ayer reformas que permitirán fiscalizar las estancias de adultos mayores en la Ciudad de México, con el fin de garantizar atención adecuada a este grupo de la población, y salvaguardar su integridad física y mental.
Al presentar el dictamen, la asambleísta del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Elizabeth Mateos, dijo que frecuentemente los adultos mayores sufren violencia física, sexual y emocional, se les despoja de su patrimonio o se les interna en centros de asistencia donde se les maltrata, sin que conozcan sus derechos y queden imposibilitados en denunciar abusos.
Indicó que los cambios prevé la creación de la Ley de Albergues y Centros de Día Privados para Personas Adultas Mayores, la Ley de Albergues Privados para las Personas Adultas Mayores, así como reformas a este último ordenamiento.
La presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la ALDF explicó que las propuestas de modificaciones son resultado del trabajo y participación de diferentes actores sociales, a través de la convocatoria en la que participaron especialistas que atienden los albergues.
Recordó que los adultos mayores representan 10.8% en el país y 11.3% de la población en la Ciudad de México, y la mayoría enfrenta insuficiencia de ingresos y la falta de protección social, que se traduce en un deterioro de su calidad de vida, exclusión social y una mayor dependencia de otras personas.
Señaló que la Secretaría de Desarrollo Social federal reconoce la prevalencia de un mayor porcentaje de analfabetismo y un nivel educativo bajo entre personas mayores de 70 años, lo que disminuye sus oportunidades de autosuficiencia.
La legisladora de PRD explicó que las personas adultas mayores enfrentan situaciones familiares, sociales e institucionales adversas que deterioran su calidad de vida y su dignidad, y pese a los avances legislativos aún están fuera de tener garantizado su derecho a la vivienda, salud o vestido.
Finalmente, la Secretaría de Desarrollo Social calificó de positiva la aprobación por unanimidad de esa ley, porque fortalece la protección y respeto a los derechos fundamentales de los integrantes de ese grupo poblacional.