La contingencia sanitaria provocada por el coronavirus ha generado que otros países liberen a las personas las cárceles, por lo que asociaciones civiles han exigido al gobierno de la Ciudad de México replicar la medida, pero al mismo tiempo garantizar la prevención del contagio.

Nohemi Juárez Gil, abogada e integrante del área de acompañamiento jurídico de Documenta Análisis y Acción para la Justicia Social A.C., indicó que ya se promovió la preliberación con base al artículo 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), un procedimiento legal que permite al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo dejar libre a personas privada de su libertad, pero sólo en seis casos.

Por ello, pueden dejar libre a las personas que tienen una sentencia menor a cinco años por motivos humanitarios relativos a su edad, a una enfermedad crónico degenerativo o terminal o delitos que se hayan cometido contra el patrimonio sin violencia.

La abogada comentó que la propia autoridad penitenciaria tiene en sus archivos los expedientes de las personas que podrían encuadrar alguna de estas figuras, que pueden solicitar el visto bueno de la Fiscalía General de Justicia y después pasar esa solicitud a un juez de ejecución para que valore si alguno de ellos pueden acceder, por ejemplo, a una libertad anticipada o condicionada.

"Nosotros les estamos pidiendo en el marco de la contingencia sanitaria porque resulta ser una emergencia, es decir, no queremos imaginar el escenario trágico en el que llegue a contagiarse a alguien dentro del sistema penitenciario porque para las cárceles de nuestra ciudad se caracteriza por el hacinamiento y la sobre población, ha ido reduciendo últimamente pero no es el suficiente para evitar el contagio", subrayó.

Adelantó que si esta administración no acata lo señalado en el artículo 146, Documenta AC promoverá un juicio de amparo en los próximos días para que den la certeza sobre la garantía a la salud durante la contingencia.

Ángela Guerrero, del Centro de Estudios y Acción para la Justicia (CEA-Justicia) Asociación Civil, ejemplificó que Chile y Colombia han liberado a presos ante la contingencia sanitaria y el gobierno de la Ciudad de México debería hacer lo mismo.

Precisó que las mujeres encarceladas deben ser grupo prioritario en casos de crisis, como lo es la pandemia de Covid-19, lo que requiere que el Estado debe garantizar su atención sanitaria, respeto a los derechos humanos, implementación de medidas de excarcelación de modo urgente y estrategias de reinserción social con énfasis en la atención por las instancias de salud.

Reconoció que se han ido implementando medidas para enfrentar la crisis sanitaria en población carcelaria como son el reforzamiento de medidas sanitarias, procesos de aislamiento y restricción de visitas, pero no se observa que se haya incorporado la perspectiva de género con la suficiente fuerza.

Precisó que el proyecto de ley de indulto general conmutativo presentado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Chile, permitirá la excarcelación de grupos vulnerables, entre ellos mujeres embarazadas y mujeres con hijos e hijas menores de 3 años y mujeres mayores de 55 años, conmutando la pena privativa de libertad por la de reclusión domiciliaria total por el saldo de sus condenas.

De la misma manera el proyecto propuesto por el gobierno de Colombia en el que se pretende conceder beneficio a aquellas personas privadas de la libertad e incluye a madres gestantes o con hijos e hijas menores de tres años, con enfermedades crónicas, entre otras.

Al respecto, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, respondió a El Sol de México que ya estaban liberando por razones humanitaria, pero la abogada Juárez Gil aseguró que al menos desde hace un mes esto no lo está realizando por política penitenciaria.