La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró un posible daño o perjuicio a la hacienda pública federal por un monto de siete mil 287 millones 384 mil 500 pesos de recursos federales que fueron transferidos a la Ciudad de México y cuya correcta ejecución no fue comprobada por el gobierno capitalino.
En el primer caso se trata de cuatro mil 592 millones 163 mil 500 pesos de recursos federales que fueron transferidos a los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, de acuerdo con el informe de la Cuenta Pública que se presentó este viernes ante la Cámara de Diputados.
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La auditoría 621-DS-GF concluyó que el órgano descentralizado Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México “no acreditó la aplicación de los recursos en los objetivos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2019” por el monto antes señalado, por lo que se promovieron sanciones para los funcionarios responsables.
“El gobierno de la Ciudad de México incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de Destino de los Recursos (…) que generaron un probable daño a la hacienda pública federal por un importe de 4, 592, 163.5 miles de pesos, el cual representa el 100.0% de los recursos transferidos”, se lee en el dictamen de la auditoría.
Entre las irregularidades detectadas por el ente fiscalizador destaca que el gobierno de la ciudad remitió información parcial, no certificada y no específica que impidió “verificar que los registros del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, correspondientes al ejercicio fiscal 2019, se encuentren debidamente identificados, controlados y actualizados, con su documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido”.
“En conclusión, la información y documentación proporcionada por el gobierno de la Ciudad de México no permitió verificar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la Ciudad de México, a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, correspondientes al ejercicio fiscal 2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020”, se lee en el dictamen.
En tanto, el segundo caso quedó registrado en la auditoría 632-DS-GF, que analizó los recursos federales transferidos a través por la Secretaría de Salud al gobierno de la Ciudad de México, encontró un posible daño o perjuicio a la hacienda pública federal por un monto de dos mil 695 millones 221 mil pesos.
“La información y documentación que proporcionó el gobierno de la Ciudad de México, se remitió de manera parcial, por lo que no permite verificar que los registros específicos de los recursos federales transferidos a través del acuerdo de coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud (federal) y la entidad federativa (CDMX), correspondientes al ejercicio fiscal 2019, se encuentren debidamente identificados, controlados y actualizados, con su documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido”, se lee en el dictamen.
Y se añade: “en conclusión, la información y documentación proporcionada por el gobierno de la Ciudad de México, no permitió verificar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular 2019), a fin de verificar que se hayan destinado conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, al convenio de colaboración y demás disposiciones jurídicas aplicables”.
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