Un total de 31 mil 136 carpetas de investigación por violencia familiar se abrieron en la capital del país e los primeros 10 meses del año. De seguir la tendencia será el año con más casos de ese tipo desde 2019.

Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que agrupa las averiguaciones abiertas por las fiscalías estatales, indican que la capital del país registra actualmente seis mil casos más que los reportados en 2019, y cerca de los 34 mil 853 del año pasado.

Los datos también ubican a la Ciudad de México en el cuarto lugar de los estados con más feminicidios, al presentar 52: el primer sitio lo tiene el Estado de México, que reporta 101 casos.

Rocío Corral, directora del Centro de Apoyo a la Mujer Margarita Magón, define a la violencia familiar o doméstica como el abuso de poder ejercido en contra de un integrante de la familia, por ejemplo, la pareja, hijos o que tengan una relación de hecho, ya sea psicológica o física.

La especialista afirma que el aumento en el número de denuncias en los últimos años obedece a dos factores principalmente: a que durante la pandemia aumentaron los casos de violencia doméstica por el confinamiento, especialmente en contra las mujeres; y por el cierre durante casi un año de los juzgados debido al Covid-19, que hizo que las demandas fueran interpuestas directamente en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Agregó que durante la pandemia hubo muchos casos de “retención y ocultamiento de menores”; es decir, que el padre ya no regresaba al niño luego de tener su convivencia familiar y no informaba a la madre sobre el estado de salud del menor y el domicilio en donde se ubicaba.

“Desde el análisis que hacemos en el Centro de Apoyo a la Mujer Margarita Magón, es que existe un porcentaje muy alto de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, pero el confinamiento tuvo un incremento importante en retención y ocultamiento de menores de edad.

“El Tribunal estuvo sin actividades para demandas nuevas o demandas que ya estaban en juzgados. Cerraron aproximadamente casi un año, entonces las mujeres quedaron en estado de indefensión en esa materia, por lo que lo único que les quedaba era iniciar carpetas de investigación en las fiscalías, porque no había juzgados”, indicó Rocío Corral.

Consideró que el tema de los juzgados familiares debe ser una prioridad, ya que su actuación puede prevenir casos de feminicidio, y recordó el informe sobre Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de México, que indicó que 80 por ciento de las mujeres que atendieron tienen riesgo feminicida.

“El incremento de violencia que se ha venido dando es principalmente en contra de las mujeres, que también es tema de materia familiar y es delito sancionable hasta por pena privativa de la libertad”, advirtió la especialista.

VIOLENCIA VICARIA

Rocío Corral aseguró que existe mayor información y más confianza de las mujeres a denunciar el delito de violencia familiar, que también pueden llevarse a cabo a través de la manipulación de los hijos, denominada violencia vicaria.

“Ahora hablamos de otra violencia que no está reconocida en la Ciudad de México y en algunos estados de la República, que es la violencia vicaria, que es por medio de terceras personas, es la violencia que ejercen los agresores a través de las hijas e hijos. El que los retengan, que de alguna manera los manipulen, incluso para violentar a su mamá, es una violencia, una modalidad, o un tipo de violencia que siempre ha existido”, indicó.

El aumento de casos obedece también a que hay más información y confianza en denunciar por parte de las mujeres; sin embargo, mencionó que los procesos son lentos y complicados.

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“Creo que hemos tenido avances, se han creado instituciones especializadas en atención a las mujeres, y sí creo que hemos tenido avances. Hay mayor información y las mujeres se acercan más a las instituciones; sin embargo, todavía tenemos un enorme obstáculo para el acceso de las víctimas a la justicia, que es precisamente en los juzgados de lo familiar, ahí tenemos todavía un obstáculo severo”, mencionó.

De acuerdo con la especialista, los agresores que cometan violencia familiar pueden recibir diferentes sanciones y restricciones, como: órdenes de protección civil (no acercarse a la víctima ni a su entorno), pensión alimenticia, prohibición del agresor a enajenar el bien conyugal o hasta sanciones económicas.