La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México recibió una demanda presupuestaria de dos mil 820 millones de pesos del alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, para 2023, aunque la Secretaría de Administración de Finanzas (SAyF) local le puso un techo presupuestario de dos mil 372 millones de pesos.
Al comparecer ante ese organismo, el titular de la demarcación propuso emplear los recursos que le aprueben en dos objetivos prioritarios: infraestructura y mejorar aún más la seguridad.
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Detalló que del monto que pide, 69 millones de pesos serían para renovar luminarias y arreglos a la vialidad; ofreció invertir 116 millones de pesos para aumentar 30 por ciento de la fuerza policial actual y asignar 18 millones de pesos a la mejoría de las escuelas públicas.
Asimismo, 60 millones de pesos van a ser canalizados a la renovación del parque vehicular de la alcaldía, 174 millones de pesos los emplearía en la repavimentación de 80 mil metros cuadrados de calles y 21 millones están programados para pagar laudos laborales. Todo ello suma 458 millones de pesos.
Al igual que la alcaldesa de Azcapotzalco, el compareciente también criticó que la SAyF emplee los recursos autogenerados para aumentar los presupuestos de las demarcaciones.
Agregó que Benito Juárez mes con mes ha juntado 84 millones de pesos de ese rubro, los cuales van a reinvertirse en el mejoramiento de los centros deportivos, que son su principal fuente de financiamiento y los obtienen gracias a la eficiencia, mismos que los reportan a dicha secretaría.
Cuestionado sobre las denuncias de corrupción inmobiliaria en Benito Juárez, el alcalde recordó que de 2003 a 2006 fue la administración en la demarcación con más irregularidades y al frente estaba el actual secretario de Desarrollo Económico. “No son seis torres Mitikah’s, se dieron 8.25 torres Mitikah’s en tres años”.
Finalmente, afirmó que hay un aumento en inversión pública porque la Secretaría de Movilidad, dos años después, entregó los recursos obtenidos por los parquímetros a las colonias donde están instalados y ante esto sugirió a los congresistas modificar la ley, a fin de evitar intermediarios y que solamente la secretaría de Finanzas y las alcaldías sean las que tengan que ver en este tema.
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