Las reformas a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, aprobadas por el Congreso local la semana pasada, contradicen abiertamente a la Constitución capitalina, cuyo gobierno invade atribuciones de los legisladores, afirmó ayer Vicente Fernández Fernández, doctor en Derecho y profesor del Tecnológico de Monterrey.
Durante una entrevista, opinó que una acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional contra dicha modificación sería muy complicada, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tardaría un año o año y medio en resolverla y para entonces ya no habría materia.
Expresó que más allá de la necesidad o no del momento por la contingencia que se vive, lo cierto es que la adición al artículo 23 bis de dicho ordenamiento lo que hace es dar una facultad adicional a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para que pueda hacer los ajustes presupuestarios en la administración central.
En el caso de los presupuestos de los poderes Legislativo y Judicial, así como de órganos autónomos, donde no tiene esa atribución para reducir las partidas en automático, por lo que les pedirá coordinarse con la Secretaría de Finanzas y de Administración a fin de hacerlo, pero, en caso contrario, le pedirá a los diputados que lo hagan.
El especialista del Tec de Monterrey recordó que en la Carta Magna de la Ciudad de México se estipuló que tienen autonomía presupuestaria, junto con las alcaldías. “Entonces, definitivamente si es una atribución excesiva en términos jurídicos y no sé si sea práctico o no, pero si es excesivo que pueda tomar atribuciones que originalmente le corresponde al Congreso de la ciudad y es todo lo que tiene que ver con el Presupuesto de Egresos”, recalcó.
A diferencia de la iniciativa presidencial con el mismo objetivo, el especialista precisó que está plantea una reforma a la Constitución federal y en el caso de la Ciudad de México la modificación fue a una ley de secundaria, que de entrada podría ser violatoria de la Ley Fundamental capitalina.
Finalmente, el especialista admitió que los inconformes pueden recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para ello se necesitaría que 33 por ciento de los legisladores lo pida o una alcaldía, pero los ministros tardarían 12 meses o año y medio en resolverlo.
