El Gobierno de la Ciudad de México presenta hoy al Congreso local una reforma a la Constitución capitalina para que los jueces prioricen en sus decisiones la justicia social sobre el cumplimiento de requisitos que no son esenciales y que pueden poner en riesgo los derechos humanos de las víctimas.

La iniciativa que propone Martí Batres pretende evitar casos en los que los delincuentes han quedado libres. Ejemplo de ello es lo ocurrido con Fabián N, identificado como el principal líder de la organización delictiva La Ronda 88, grupo señalado como uno de los principales generadores de violencia en la capital del país.

El mandatario local recordó que Fabián N fue liberado a pesar de estar vinculado con la operación con recursos de procedencia ilícita y por la violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Además existe una recompensa de hasta tres millones de pesos por información que lleve a su recaptura.

Batres recordó que el juez federal Roberto Omar Paredes Gorostieta Femat, en audiencia de control, consideró que era ilegal el cateo y la detención de Fabián N, a pesar de que estaba en la lista de los generadores de violencia más buscados.

“'¿Y la justicia?', pensamos. ¿Y la justicia? ¿Y las víctimas de esta persona? ¿Y el Programa de Recompensas que abrió la Fiscalía General de Justicia? Nada de eso contó para el juez, es más, aunque el propio Código Nacional de Procedimientos Penales señala que el deber de denunciar, y dice que, quien en ejercicio de sus funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público. A pesar de ello este juez federal ordenó la libertad, la persona se encuentra prófuga en este momento”, expuso.

El jefe de Gobierno explicó que eso motivó a la administración local a tener una reflexión profunda sobre qué principios debe decidir un juez y qué debe prevalecer en sus determinaciones. “Nosotros lo que decimos aquí es que no pueden prevalecer las formalidades no esenciales del procedimiento por encima de los fines de justicia”, insistió.

La reforma propone agregar un segundo párrafo al artículo 35 de la Constitución capitalina con lo que buscan garantizar el derecho a la justicia de grupos sociales y personas que se encuentren en situaciones de pobreza, exclusión, marginación, desigualdad, discriminación o desventaja.

Esto significa que los impartidores de justicia deberán velar por la protección de los derechos de quienes están en condiciones de algún tipo de vulnerabilidad antes que el cumplimiento de formalidades que pueden desembocar en la liberación de delincuentes o en dilaciones en el acceso a la justicia.

Actualmente, el artículo 35 expone que la función judicial está regida por los principios de legalidad, honradez, accesibilidad, transparencia, máxima publicidad y rendición de cuentas.

El párrafo que el gobierno local pretende agregar señala a la letra que “en la función jurisdiccional se observarán los principios de igualdad sustantiva, justicia restaurativa y justicia redistributiva, de tal manera que las formalidades no esenciales del proceso nunca estén por encima de la aplicación y los fines de la justicia social, a fin de que impere un sistema auténtico que garantice y favorezca la tutela efectiva, sin dilaciones indebidas de los derechos humanos de las personas que se encuentren en situaciones de pobreza, exclusión, marginación, desigualdad, discriminación o desventaja social”.

Un caso más fue la liberación de un sujeto que conducía a alta velocidad, en estado de ebriedad y atropelló a tres trabajadores de limpieza en la Carretera Federal México-Cuernavaca.

“Dice el juez que los lesionados no eran peatones, sino trabajadores, por lo tanto, y considerando que podrían no haberse dado las condiciones de seguridad necesarias para realizar su trabajo, determinó la libertad del imputado. Es decir, después de un hecho en el que el conductor iba a alta velocidad, en estado de ebriedad y atropella a tres personas, se determina la libertad del imputado. Es en estos casos en donde nos preguntamos: ¿y dónde está la justicia?”.

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El jefe de Gobierno expuso que en muchas decisiones falta sentido de justicia en las resoluciones y afirmó que la ausencia de justicia social provoca conclusiones que resultan inadmisibles y niegan a las víctimas la protección de sus derechos.

“Resulta fundamental tomar en cuenta el aspecto social, porque hay ya mucha elaboración, tanto sociológica como jurídica, en el sentido de que no basta la igualdad formal ante la ley, sino que deben reconocerse las desigualdades reales que hay en la sociedad”, mencionó en presencia de servidores públicos del poder judicial.