La Ciudad de México es la primera entidad del país en declarar la vigencia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, lo cual ocurrirá escalonadamente a partir del 1 de diciembre de este año y prevé concluir en diciembre de 2025.
El congreso local llevó a cabo hoy esta declaratoria durante una Sesión Solemne y con ello dio el banderazo de salida para la aplicación de un nuevo modelo de justicia civil y familiar, basado en el principio de la oralidad.
El Poder Judicial de la Ciudad de México explicó, en su momento, que los primeros cambios son la extinción de 24 juzgados en materia civil y otros 11 en el aspecto familiar y en un plazo de año y medio operarán 14 unidades de gestión que abordará los casos del primer tema y siete tomarán los asuntos familiares; el Consejo de la Judicatura local asignará seis jueces por cada unidad.
La entrada en vigor del código conllevó cambios en al menos 11 ordenamientos, por ejemplo, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la de Defensoría Pública, del Registro Público de la Propiedad, de Protección Civil, de Justicia Cívica, de Notariado y la Condominal.
Además de la oralidad, el ordenamiento también enfatiza en lo digital, por lo que será necesario instrumentar plataformas electrónicas, la creación de la firma electrónica y una oficina virtual de Oficialía de Partes
Al respecto, Octavio Rivero Villaseñor, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, subrayó durante la Sesión Solemne que el uso herramientas tecnológicas de última generación hará más eficiente y oportuna la impartición de justicia.
El legislador de Morena recordó que era necesario homologar los ordenamientos federales y locales de los ámbitos civil y familiar, a fin de terminar con una serie de diferencias de criterios entre los tribunales estatales, que llevaban a sentencias contradictorias.
En adelante, continuó, los casos de esas materias tendrán como contenido la perspectiva de género y que el objetivo es contar con una justicia no costosa y transparente.
La diputada priísta Guadalupe Barrón comentó que uno de los avances del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es el reconocimiento a las diferentes formas de familia que hay en el país; prevalece la equidad de género, porque da los mismos derechos y obligaciones a hombres y mujeres y con ello elimina la discriminación.
En su oportunidad, la diputada Polimnia Romana opinó que el ordenamiento servirá para erradicar la impunidad con quienes no cumplen con la pensión alimenticia.
Antes de la Sesión Solemne, los diputados capitalinos aprobaron en periodo extraordinario las reformas a la Constitución de la Ciudad de México para que la edad de retiro de jueces y magistrados pase de 70 a los 75 años de edad y así homologarlo con el ámbito federal.
Diego Orlando Garrido, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, fundamentó el dictamen bajo la idea de que el cambio permitirá aprovechar la experiencia de los juzgadores y con ello mejorar la impartición de justicia.
Finalmente, la reforma constitucional y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México recibió 51 votos a favor, ninguno en contra y sin abstenciones.
