Ante la escalada de la violencia vial que sufren ciclistas y peatones en calles de la Ciudad de México, la Secretaría de Movilidad presentó este miércoles un Plan de Protección al Ciclista que contempla dos reformas legales y una modificación al Reglamento de Tránsito para endurecer las sanciones a los conductores de vehículos privados y de transporte público que estén involucrados en hechos de tránsito.
En conferencia de prensa virtual, el secretario de Movilidad, Andrés Lajous Loaeza aseguró que el objetivo del Plan presentado “es combatir la impunidad en cuanto a los casos y los hechos de tránsito que ya sucedieron, que afectan a víctimas y familiares, impunidad en cuanto a las infracciones de tránsito que se cometen e impunidad en cuanto al transporte público cuando está fuera de orden”.
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Mesa de seguimiento de casos y protocolo de investigación
La estrategia se dividió en tres ejes, cada uno con sus respectivas acciones: Acceso a la justicia; Aplicación de la ley y Transporte público. En el primero se determinó la creación de una Comisión de Seguimiento Institucional integrada por la Fiscalía General de Justicia (FGJ), las secretarías de Movilidad (Semovi) y Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).
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A través de esta Comisión, cuya creación está en proceso, se dará atención y se conocerá el estatus “de todos los casos de un hecho de tránsito con base en las competencias de cada dependencia”, explicó la directora de Seguridad Vial y Movilidad Sustentable de la Semovi, Fernanda Rivera. “Es importante que podamos tener una visión sistémica, coordinada e integral de la seguridad vial”, subrayó.
La segunda acción del eje Acceso a la justicia es la elaboración de un Protocolo ministerial de atención a hechos de tránsito, que consiste en un documento “que va a dar las directrices a los agentes del Ministerio Público de los datos de prueba que se deben de recabar en estos hechos en específico, es un documento donde vamos a plasmar todas las obligaciones que tienen las y los servidores públicos en estos hechos”, comentó el coordinador general de Investigación Territorial de la FGJ, Oliver Pilares Viloria.
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La tercera acción será proponer al Congreso de la Ciudad de México una reforma al Código Penal para que se incluyan agravantes en los hechos de tránsito y de esta manera endurecer las sanciones para aquellos conductores que matan a ciclistas o peatones o incluso a otros conductores de vehículos privados cuando, por ejemplo, conduzcan a exceso de velocidad o bajos los efectos del alcohol.
El secretario de Movilidad, Andrés Lajous explicó que “la revisión que se está haciendo tiene que ver con cómo se clasifican o cómo se definen las muertes o lesiones provocadas por vehículos, porque existe el riesgo, y familiares de las víctimas nos han mencionado, que cuando se cumplen digamos, ciertas condiciones extremas –como es el caso de conducir con alcohol– a veces los delitos quedan como homicidio culposo y el Código Penal sí puede considerar la agravante”. No obstante, no se aclaró cuáles serán esas agravantes.
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Endurecer Alcoholímetro y corralón a foráneos y deudores
El director general de Aplicación de la Normatividad de la SSC, Javier Berain Garza explicó el segundo eje del Plan: Aplicación de la ley. La primera acción consistirá en una reforma al Reglamento de Tránsito para fortalecer el programa Conduce sin alcohol, conocido como Alcoholímetro.
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“El Reglamento de Tránsito antes permitía que cualquier acompañante, independientemente de su estado, pudiera retirar el vehículo. Hemos cambiado esta provisión para que cualquier vehículo que haya sido conducido por una persona bajo los efectos del alcohol tenga que ser retirado y enviado al corralón”, explicó.
Aunado a esto, la prohibición de entregar vehículos a propietarios que adeuden pagos de infracciones o multas, se extenderá para el caso de los autos enviados al corralón en el marco del programa de Alcoholímetro, para que los propietarios que no hayan cumplido la totalidad de sus horas de arresto administrativo decretadas por un juez cívico no puedan retirar su unidad del depósito vehicular.
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Otra modificación al Reglamento de Tránsito consiste en que los vehículos foráneos serán remitidos al corralón por cualquier infracción y "tendrán que pagar todas sus multas que adeuden. Asimismo, cualquier vehículo que tenga cinco o más sanciones sin cumplimiento, se va a remitir al corralón por el hecho de tenerlas”. Esta medida va enfocada, dijo Berain, a las “personas que críticamente infraccionan el Reglamento, esto representa el 3 por ciento de la población”.
Una tercera acción es la ampliación de los carruseles para regular la velocidad en vías primarias, ejes viales y de acceso controlado. Este operativo consiste en que las patrullas de Tránsito circulan a la velocidad permitida y no permiten que ningún vehículo particular las rebase, para garantizar que se respeta el límite de velocidad permitido.
De 13 vialidades que se priorizaron en 2020 ahora serán 27 y de 324 carruseles para regular la velocidad aplicados el año pasado, se subirá a 700. “Con esto estaremos atendiendo poco menos del 25 por ciento de los hechos de tránsito que ocurren en la ciudad, en un horario de viernes a las seis de la mañana al domingo a mediodía”.
Ampliar cobertura del seguro de transporte público
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El tercer eje Transporte público establece una reforma a la Ley de Movilidad para obligar a las unidades de transporte público a contratar pólizas de segura que cubran daños a terceros y que están certificadas por la Asociación Mexicana de Compañías de Seguros (AMIS) y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF).
La directora de Seguridad Vial y Movilidad Sustentable explicó que “la Ley de Movilidad no es tan específica sobre cuáles son las características que deben tener las pólizas de seguro vigentes que tienen los vehículos de transporte público concesionado, es por eso que se enviará al Congreso una reforma para quitar cualquier tipo de ambigüedad en la interpretación sobre los seguros”.
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“De esta manera podemos garantizar que todo el transporte público de la ciudad tenga una póliza de seguro vigente, que tenga las coberturas adecuadas y que cumpla con lo que establece la AMIS y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, estos es clave porque una vez que ocurra un hecho de tránsito, contar con un seguro es fundamental para el seguimiento tanto de las personas como de las víctimas”, abundó.
Además se establecerán sanciones para el transporte público involucrado hechos de tránsito, como la suspensión del ramal por 30 días, suspensión o cancelación de la licencia a los operadores involucrados y hasta la revocación de la concesión, que es el permiso que entrega la Semovi a las empresas o personas para poder dar el servicio.
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También se realizarán operativos para verificar las condiciones físico-mecánicas de las unidades de transporte público, así como la revisión documental vinculada a la seguridad vial. Se va a revisar que los autobuses “cuenten con frenos, que los postes estén fijos, que las personas conductoras tengan licencia, que la unidad tenga una revisión documental específica, y este tipo de operativos van a estar vinculados a todas aquellas rutas que tienen hechos de tránsito”, apuntó Fernanda Rivera.
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