Las autoridades capitalinas recurrirán ante la Fiscalía General de la República (FGR) para denunciar las presuntas ilegalidades registradas durante el intento de detención de Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, a cargo de personal ministerial de la Fiscalía Anticorrupción de esa entidad.
Ulises Lara López, encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCM) adelantó esta noche lo anterior en un mensaje virtual a medios en los que presentó lo calificó de argumentos jurídicos, no políticos, que lo llevaron a impedir esa captura.
Primero que nada, el funcionario capitalino negó que la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua forme parte del convenio de colaboración firmado entre la entonces Procuraduría General de la República, las instituciones estatales de ese ramo y la Procuraduría de Justicia Militar, por lo que no le son aplicables los mecanismos para la coordinación y colaboración recíproca, acordados por las instituciones que lo celebraron.
Agregó ese organismo de Chihuahua tampoco es parte de la estructura de la Fiscalía General de Justicia estatal, ya que su carácter es autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica, financiera, presupuestal, normativa y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y en cuanto a su organización interna, y es independiente de su funcionamiento y decisiones para la investigación y persecución de delitos por hechos de corrupción.
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El encargado del despacho de la FGJCM insistió, con base en lo anterior, en opinar que el intento de detención del exgobernador de Chihuahua era ilegal y por ello ordenó iniciar una investigación a cargo de la Unidad de Asuntos Internos y la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, y determinado dar vista a la FGR para lo que conforme a derecho proceda, por lo que mañana presentará una denuncia en contra de los probables responsables de esta ilegalidad.
Además, acusó a los agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua de que desde lunes 12 de agosto ya le seguían los pasos al próximo senador morenista, lo cual, expresó, fue al margen de la ley, porque la solicitud de colaboración la presentó hasta el 14 de agosto y a partir de esa fecha tenían siete días para actuar, mas no antes.
“De todo lo señalado, es posible establecer que todos los actos de investigación practicados por la Fiscalía Anticorrupción del estado de Chihuahua fueron orquestados y planeados dolosamente con fines políticos y no jurídicos”, reprochó Lara López.
También delató que la filtración específica y oportuna de los videos grabados en el lugar de los hechos a quien llamó “un presentador de noticias”, junto con el documento interno de la FGJCM con el que, advirtió, se intentó engañar a la opinión pública, porque lo hizo ver como el oficio de colaboración con el que se autorizaba la diligencia.
Finalmente, manifestó su asombro porque Abelardo Valenzuela, fiscal Anticorrupción de ese Estado se empeña en asegurar que todo su actuar y el de su personal, fue en el marco de la ley, “lo “que este día estamos sustentando con argumentos jurídicos que no fue así”.
