Un pendiente reciente a atender por parte de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, es la expedición de la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios, para que exista una regulación de los mismos, con especial atención en los panteones que comienzan a tener saturación.

Desde el Poder Legislativo local, la bancada de Morena fue la primera en alzar la voz para que realmente exista un reordenamiento en los camposantos.

Está el reconocimiento de que muchos espacios en los cementerios tienen conflicto legal, debido a que las fosas se encuentran en abandono.

Mientras que la iniciativa en la materia que presentó en noviembre pasado el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del recinto de Donceles y Allende, el morensita Octavio Rivero Villaseñor, está en lista de espera para ser analizada para su dictaminación, los propios legisladores reconocen que hay todo un desorden.

En febrero de 2021, prácticamente a un año del primer caso de Covid-19 que se presentó en la capital del país y de que se reconociera la gravedad de la pandemia, surgió la exigencia de representantes populares de emprender de manera constante visitas de supervisión en los panteones capitalinos, para investigar y sancionar la venta de tumbas a un sobreprecio.

Dentro de ese contexto, diputados de todas las fracciones parlamentarias confirmaron que, ante la situación de emergencia sanitaria por el coronavirus, se habían registrado una serie de abusos por la demanda de los servicios que se prestan en esos lugares, en los que, en ese entonces, era común ver en su exterior filas de carros en espera de una atención.

Incluso se solicitó que a través del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y de la dirección general Jurídica y de Estudios Legislativos de la Consejería Jurídica del gobierno local, con apoyo de las 16 alcaldías, se hicieran recorridos en los cementerios para evitar abusos en la venta de espacios, así como en los servicios de inhumaciones y cremaciones, que se llegaron a incrementar hasta en más de un 80 por ciento.

Si bien ahora la situación ha cambiado y tiene otra dimensión, a raíz de la pandemia los precios de los servicios funerarios registraron su mayor alza en los últimos diez años, lo que ha motivado la proliferación de negocios informales que ofrecen paquetes hasta en un 67 por ciento más económicos, frente a los formales.

Por ello, Rivero Villaseñor pugnó porque se preste urgente atención al tema de regulación de panteones y servicios funerarios, así como de procurar y legislar, a fin de promover la cremación de los cuerpos para evitar la saturación de los cementerios.

Consideró que el cremar, es una forma más económica y ágil de sobreponerse a ese momento de duelo que representa la pérdida de un familiar o ser querido.

“Se debe tener en consideración el precio cada vez mayor por acceder a un proceso de sepultura digno y que garantice los derechos tanto de las personas finadas como de los familiares”, estimó.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Salud del Congreso capitalino, Lourdes Paz, hizo notar que, pese a los avances en materia legislativa en la metrópoli, “la regulación de cementerios, crematorios y panteones ha sido abandonada por más de 30 años, debido a que el Reglamento de Cementerios del Distrito Federal fue publicado el 28 de diciembre de 1984”.

La postura de la Coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso, Martha Ávila Ventura, es que la iniciativa que se promueve fortalece la protección de los derechos de las personas usuarias de los cementerios, al brindar certeza jurídica respecto a la administración de esos espacios públicos y en lo relativo al tratamiento de los cadáveres.

Resulta que hasta junio de 2020 se reportan panteones de tres de las 16 alcaldías capitalinas con un cien por ciento de su capacidad. Se cuenta únicamente con 40 crematorios en la Ciudad de México, que son muy pocos en proporción a la cantidad de habitantes.

La regulación de cementerios y servicios funerarios, es un asunto que se ha relegado y dejado en segundo plano, tanto en la esfera gubernamental y legislativa, como en la de la sociedad civil, pero que no por ello carece de relevancia.

Enfocada a temas concernientes a la administración, regulación y modernización de los cementerios, la iniciativa busca que las empresas dedicadas a proveer servicios funerarios garanticen en todo momento estándares confiables en materia de salubridad, precios, certeza jurídica, entre otros, de acuerdo con la realidad social y a las nuevas demandas del mercado funerario.

Con una vigencia de 37 años, el actual Reglamento de Cementerios del Distrito Federal requiere cambios mayores y, se debe adaptar al crecimiento de la población, los fenómenos naturales que han azotado a la metrópoli, como los sismos de 1985 y 2017, sin hacer a un lado la pandemia de coronavirus.

Durante los últimos 70 años, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población ha crecido poco más de cuatro veces. En 1950 había 25.8 millones de personas; en 2020 había 126 millones. Por ello, la demanda de servicios funerarios y de espacios para inhumaciones de cuerpos ha aumentado proporcionalmente al crecimiento de la población.

Lamentablemente no existe un censo respecto a cuántas tumbas en la Ciudad de México se encuentran abandonadas, ni el número de fosas que tienen algún conflicto de carácter legal. Con información certera, se podría dar un poco de desahogo al sobrecupo que hoy existe en muchos panteones.

El grupo parlamentario de Morena en el órgano deliberativo propone reducir los 10 años que establece el Reglamento de Cementerios del Distrito Federal para aquellas fosas que durante ese lapso han sido abandonadas y que a su vez sea ocupada por otro cuerpo.

Debe tomarse en cuenta que, hasta junio de 2020, la capital del país reportó un total de un millón 400 mil 878 fosas distribuidas en sus panteones públicos, de las cuales sólo tiene desocupadas 397 mil 250.

Las alcaldías que han dado cuenta que los panteones a su cargo están saturados son Iztacalco con un total de 17,208 fosas ocupadas, Miguel Hidalgo con 323,127 y Venustiano Carranza 3,500.

El promedio de muertes en la urbe en los últimos cinco años es de 72 mil casos por año, de acuerdo al INEGI. Se proyecta que para 2028 el panorama sería muy preocupante si no se toman las medidas pertinentes. Los 117 cementerios que hay en las 16 alcaldías requieren acciones en materia de legislación y recuperación de tumbas abandonadas.

Se debe tener en consideración, el precio cada vez mayor por acceder a un proceso de sepultura digno y que garantice los derechos tanto de las personas finadas como de los familiares

De acuerdo a cálculos, en la ciudad operan aproximadamente 3 mil 500 empresas funerarias; la mayoría no están registradas ante la autoridad competente y, pese a ello, ofrecen sus servicios sin practicar los requisitos mínimos que instituyen las leyes.

Ante el panorama que se tiene, se debe prestar urgente atención a la regulación de panteones y servicios funerarios.

De igual forma, procurar y legislar para promover la cremación de los cuerpos para evitar la saturación de los cementerios.

Octavio Rivero reconoció que, a la hora de legislar en favor de la cremación, se deben tener en cuenta diversos aspectos que en la actualidad se contraponen a dicho tratamiento de los cuerpos.

Así es que lo religioso, que atañe a los credos de las personas y que está garantizado por la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos en el artículo 24, tendrá que ser ventilado.

También la inquietud de los médicos legistas, de activistas y organizaciones de la sociedad, así como ciudadanos por la posible desaparición de evidencias de carácter legal por parte de la delincuencia o del crimen organizado.

Un tema paralelo a la hora de legislar sobre los cementerios capitalinos, es que existen los comunitarios, que se rigen por autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas, derecho consagrado por la Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 59, apartado F.

En el texto constitucional se expone: “la administración y cuidado de los panteones comunitarios es facultad y responsabilidad de los pueblos y barrios originarios”.

Los de la bancada de Morena, en su momento, hicieron un llamado a las diferentes instancias de gobierno, a colaborar y sumar esfuerzos para dar pronta resolución al tema que cada día se agrava más.

Es deber de los diputados legislar por el bien de la ciudad y sus habitantes, se tienen que prever y anticipar futuros problemas, mediante la oportuna dictaminación de leyes y normas a proponer, como es el caso de cementerios y servicios funerarios.

Desafortunadamente, dentro de las secuelas que el coronavirus ha dejado a su paso, está la saturación cada vez mayor de panteones. Sin embargo, se está a tiempo de proponer y actuar para atender la problemática.

Con motivo de lo anterior, es importante se tenga en consideración el precio cada vez mayor por acceder a un proceso de sepultura digno y que garantice los derechos tanto de las personas finadas como de los familiares.

De los 117 panteones existentes en la urbe, 5 de ellos son civiles generales, 14 civiles delegacionales, 83 vecinales o comunitarios, 14 concesionados y 1 histórico, el de San Fernando, que ya no admite inhumaciones.

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Con la iniciativa que se analizará, se quiere fortalecer la protección de los derechos de las personas usuarias de los cementerios, porque uno de los propósitos es brindar certeza jurídica respecto a la administración de esos espacios públicos y en lo relativo al tratamiento de los cadáveres.

Publicado originalmente en La Prensa