Con “cirugía menor”, autoridades de la delegación Cuauhtémoc se acercaron ayer a los aproximadamente 200 vecinos del inmueble 104 y 108 de Antonio Caso, quienes viven en una estructura con riesgo de colapso, como lo han determinado dictámenes emitidos desde 2003.
Por ahora se trabaja en la limpieza de la cisterna para el suministro de agua, servicio del que carecían desde antes del 19 de septiembre, día en que la Ciudad de México registró su peor sismo de este nuevo siglo. Además, de que la próxima semana una comisión de la ALDF recibirá a representantes de estos residentes, para abordar un esquema de apoyo a su situación de vivienda.
“Ya vinieron de la delegación (Cuauhtémoc) para ver qué arreglos hacen al tema del drenaje y ya no huela feo en el pasillo y las casas. Es algo a nada de lo que teníamos por años”, comparte vía telefónica la señora Irma con voz entusiasta.
Para José Sedeño, representante legal de los vecinos, la intervención “sí es una cirugía menor para lo que realmente es el problema, que es la reubicación de estos habitantes para dar paso a la expropiación y construir vivienda de interés social. Qué bueno que ya fueron a ver algunos servicios”.
Miguel Ángel Cuevas, del equipo de trabajo del diputado local de Morena, José Alfonso Suárez del Real, acudió también al inmueble de la colonia San Rafael para ofrecer el apoyo por parte del asambleísta, con elfin de apoyarlos junto con el Instituto de Vivienda (Invi).
El Sol de México publicó el jueves 30 de noviembre que el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, ha sido omiso a la orden del Poder Judicial de la Federación, que con fecha del 15 de abril de 2014 -a través de José Eduardo Alvarado Ramírez, juez noveno de Distrito en Materia Administrativa- se confirma a la administración local que debe atender la Declaratoria de Utilidad Pública; es decir, publicar el tercer edicto para dar paso a la expropiación del edificio citado -dos inmuebles conectados por una planta baja-.
Dentro de la resolución se advierte que hay riesgos estructurales, por lo que se señala que “no habiendo impedimento alguno se dé continuación al proceso de expropiación”, de acuerdo con la sentencia de amparo negado a la familia Ruiz de Teresa que no pudo acreditar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo la propiedad de la construcción.
El abogado Horacio Martínez explicó que el siguiente paso es el recurso de inejecución de sentencia, con lo que se deberá pedir un informe al gobierno capitalino sobre el tercer edicto del Decreto de Causa de Utilidad Pública (expropiación con fines para construcción de vivienda de interés social). De no haber respuesta el Poder Judicial de la Federación puede considerar que hay un desacato a sus ordenamientos.
