El Congreso de la Ciudad de México aprobó la armonización de la Ley 3 de 3 contra la violencia de género, una reforma federal que busca que ningún violentador, deudor alimentario o acosador sexual ocupe algún cargo público de elección popular o sea funcionario en las tres órdenes de gobierno federal, estatal o local.
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Este viernes, Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Asuntos Políticos-Electorales avanzó con la armonización de esta reforma que será presentada ante el pleno del Congreso capitalino, el próximo 23 de noviembre.
El diputado del Partido Acción Nacional Diego Orlando Garrido López, manifestó que se reformó el artículo 10 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en donde se establece que ningún violentador podrá ejercer un empleo, cargo o comisión en el servicio público ni podrá registrarse a cargos de elección popular.
“De igual forma estamos modificando el artículo 27, apartado B, numeral 7, fracción I, adicionando un nuevo párrafo que indica que deberá establecer los mecanismos necesarios para que los partidos políticos garanticen la prevención, atención, sanción, la erradicación de la violencia política en razón de género”, señaló Garrido López, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.
La diputada del PRD Gabriela Quiroga Anguiano, solicitó que a esta iniciativa se sumen los colectivos feministas como es el caso de Las Constituyentes, quienes impulsaron la Ley 3 de 3 y estuvieron al pendiente avance.
“Me parece importante que en los antecedentes del cuerpo del dictamen se puedan mencionar a las colectivas feministas que han estado muy atentas de este escenario, pero también porque son un precedente muy importante para que se diera esta reforma federal que el día de hoy nos obliga a poder cumplir de la 3 de 3 en contra de la violencia”, destacó.
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El pasado 29 de mayo del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la constitucionalidad de la 3 de 3 contra la violencia, sin embargo, todavía faltan siete estados que deben reformar su legislación local, entre ellos la Ciudad de México.
El 25 de noviembre vence el plazo legal de 180 días para que estos estados armonicen sus legislaciones, en el marco del día de la erradicación de violencia de género.
Por lo que la aprobación de esta iniciativa en la capital el próximo jueves, significaría que sería aplicable para el periodo electoral 2024, donde se pondría freno a violentadores, deudores alimentarios y acosadores que quieran contender u ocupar algún cargo público.
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Esta propuesta fue impulsada por la activista y feminista Yndira Sandoval fundadora de Las Constituyentes, quien en 2017 fue víctima de violencia y tortura por elementos policiales en el estado de Guerrero.