A yer el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley del Secreto Profesional y Cláusula de Conciencia para el Ejercicio Periodístico, a través de la cual se permite a los periodistas no revelar sus fuentes de información aunque la Asociación Periodismo Nación MX mostró su preocupación por algunas omisiones de la ley.
Pese al avance que representa la aprobación por parte de los legisladores locales, prevalecen vacíos como el que dejó Morena al rechazar la reserva para incluir en el artículo 2 de la Ley el concepto de "colaboradores periodísticos".
Periodismo Nación MX señaló al respecto: "nos alerta y nos preocupa que el grupo mayoritario de Morena se colocó como un enemigo de los periodistas al cometer graves omisiones legislativas que vulneran a personas que se dedican al ejercicio periodístico en la capital del país".
Al respecto, Jorge Gaviño, explicó a este diario que lo que PRD y PAN lograron es que no se limitara el secreto profesional porque "se proponía que solo podía ser erigido en tribunales pero como la ley no distingue nada de eso. A partir de ahora con esta ley no será erigido en tema de tribunales". Se le cuestionó: ¿en qué casos se puede revelar las fuentes?. "De ninguna forma", respondió.
"La ley que aprobamos garantiza el derecho al secreto profesional. Nadie puede obligar a ningún periodista a revelar sus fuentes de información por motivo alguno. La Constitución de la Ciudad y la ley que aprobamos el día de hoy así lo garantiza", agregó el legislador perredista.
Jorge Triana, del PAN, indicó que en el dictamen sólo se habla de periodistas, y no incluye el concepto de colaboradores, que son los fotógrafos, redactores.
"Para poder blindar de mejor manera su trabajo, la propuesta que estamos haciendo es que no solamente se quede en una comparecencia como testigo de descargo, sino para cualquier tipo de declaración", dijo en la reserva que presentó y que fue rechazada por Morena. "Según Morena no era necesario hacer esa distinción", dijo el legislador.
Gaviño aseguró que, al final, la ley -de la que la jefa de Gobierno tiene 30 días para emitir observaciones- quedó como dice la Constitución: no se puede exigir la revelación de las fuentes.
"Tanto la Constitución como la ley que aprobamos prohíbe la obligación de revelar fuentes", aclaró.
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