Ocho pisos construidos de manera ilegal se vendrán abajo. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) informó que logró un acuerdo con la inmobiliaria que construyó la torre de Baja California 370, en la colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc, para que los metros excedentes sean demolidos por la misma constructora.
“Se logró el compromiso de una inmobiliaria para demoler los niveles excedentes construidos ilegalmente, mediante la firma de un convenio”, dijo la dependencia que dirige Mariana Boy, la cual precisó que el calendario para la demolición está pendiente de fijarse en coordinación con la empresa constructora, Ghetto Arquitectos.
Esta demolición se da luego de dos intentos fallidos de anteriores gobiernos por controlar a las inmobiliarias. Primero con la entonces delegación Cuauhtémoc encabezada por el hoy senador Ricardo Monreal, que en 2017 firmó un convenio para que se frenarán los pisos ilegales, pero no tuvo éxito y la construcción siguió.
Después en 2018 con los trabajos de demolición que arrancó la Secretaría de Gobierno, entonces encabezada por la hoy senadora Patricia Mercado, pero que fueron detenidos por una serie de amparos promovidos por la desarrolladora inmobiliaria.
Ahora la PAOT asegura que mediante el convenio que se firmó con la empresa, ésta “se comprometió a desistirse del recurso de revisión con el que pretendía revertir la sentencia que le ordenó demoler los niveles que fueron construidos de manera ilegal”.
“Además, deberá presentar un programa calendarizado del proceso de demolición, en el cual se indiquen los plazos, días y horarios, así como las técnicas que se utilizarán durante la demolición”, apuntó la PAOT en un comunicado.
Por su parte la PAOT realizará las gestiones ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México a fin de que se levante el estado de suspensión de la obra para que la inmobiliaria pueda iniciar con los trabajos de demolición.
Se trata de uno de los casos más emblemáticos que gana la PAOT, pues logró que el Tribunal Superior de Justicia, después de un largo litigio, emitiera el 26 de noviembre una sentencia de ocho meses de prisión y una multa de 12 mil 531 para el representante legal de la empresa. La sentencia incluyó que durante ocho meses se impidiera ejercer la profesión de arquitecto.