La administración de Claudia Sheinbaum Pardo tiene tres posibilidades jurídicas para dejar libre a personas privadas de su libertad en vulnerabilidad ante el Covid-19: el indulto, la ley de aministía y la preliberación, aunque esta última podría tardar hasta seis meses en ejecutarse, por lo que no es opción para frenar contagios.
En cualquiera de esta modalidad la rapidez sólo depende de la autoridad y su interés, coincidieron, asociaciones civiles. Para Ángela Guerrero, coordinadora del Centro de Estudios y Acción por la Justicia -CEA Justicia- no es tan conveniente aplicar el artículo 146 de la Ley Nacional, que acota la preliberación, pues en la capital mexicana ya se realizó y tomó seis meses dejar libre a alrededor de 30 mujeres.
Acotó que el punto es que, por la urgencia que se está viviendo ante el coronavirus en otras cárceles en el mundo y en México, lo que debería utilizar la jefa de Gobierno es la figura de indulto pues el trámite es más corto.
“La Ley Nacional de Ejecución Penal en su artículo 146 lo que prevé es un criterio humanitario para la salida de personas que están prisión, sin embargo ese criterio únicamente aplica a delitos no graves, esto significa que son los delitos que no están establecidos dentro del catálogo de prisión preventiva oficioso con lo cual, por ejemplo, el robo a casa habitación que es un delito común no podrían salir aunque tuvieran una situación de alta vulnerabilidad”, expuso.
Ayer la Subsecretaría de Sistema Penitenciario capitalino dio a conocer que está llevando a cabo la identificación de posibles candidatos, haciendo especial énfasis en que la situación jurídica y condición de vulnerabilidad concuerde con las hipótesis previstas en este artículo.
“Una vez que se cuente con dicha información, se instruya a las y los directores de los Centros Penitenciarios para que proporcionen las facilidades al personal de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales designado para dictaminar los expedientes que correspondan y de ser procedente se hagan las gestiones pertinentes ante los Jueces de Ejecución”, se lee en el documento firmado por Antonio Hazael Ruiz Ortega, encargado del Sistema Penitenciario.
Al respecto, Guerrero explicó: “Se están haciendo diferencias por los delitos y no por la gravedad, la facilidad que se le podría dar es por un indulto para hacerlo de manera muy ágil porque el Poder Judicial está detenido prácticamente en su totalidad en la Ciudad de México con lo que se tardarían alrededor de seis meses en dar una respuesta por ese criterio humanitario que fue justo el que utilizaron el año pasado”.
Precisó que cuando hay un indulto la Consejería Jurídica es quien está facultada y obligada a tramitar las que se concedan, aunque no hay una temporalidad específica para que se libere el proceso, pero que sin duda es una vía más corta porque interceden menos poderes y autoridades. Como opción inmediata, le sigue la ley de amnistía aunque conlleva un proceso legislativo y en último lugar está la preliberación porque el Poder Judicial debe involucrarse para revisar los expedientes y eso lleva mucho tiempo.
Guerrero recordó que la última vez que se presentó una ley de amnistía fue aprobada y promulgada en 2018 con el exjefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera.
Para la investigadora del CIDE, Catalina Pérez Correa, un contagio de Covid-19 en prisiones podría ser una sentencia de muerte para los poco mas de 202 mil reos que hay en los 297 centros de reclusión que hay en el país, por el hacinamiento, falta de agua, jabón, alimentos y enfermedades como diabetes, obesidad, hipertensión, tabaquismo y adicciones, por lo que coincide en despresurizar las cárceles.
EL CONTAGIO EN EDOMEX
La Subsecretaría de Control Penitenciario del Estado de México analiza promover este mismo beneficio de ley para que más de 5 mil 400 personas privadas de su libertad puedan dejar la prisión, también bajo el modelo de preliberación, luego de que cuatro reos del penal de Cuautitlán dieran positivo a Covid-19.
Las alarmas se prendieron pues uno de los custodios inició el contagio. Tras ello, la población de las cárceles de Cuautitlán ha sido trasladada a otros penales, aunque sus familias se mantienen en la incertidumbre.
Al solicitar respuestas, ayer se registró un enfrentamiento en las puertas de dicho penal. Entre policías que resguardaban las instalaciones y los familiares, sumaron alrededor de 100 personas que claramente no respetaron la sana distancia.
Lo anterior ocurrió luego de la protesta realizada el pasado sábado en las afueras de siete centros penitenciarios de la entidad, en donde familiares de internos y activistas como José Humbertus Pérez Espinosa, líder del Frente en Defensa para Una Vivienda Digna, demandaron la preliberación de alrededor de 13 mil personas.
El titular del Poder Judicial del Estado de México, Ricardo Sodi, aseguró a El Sol de Toluca que estuvo en contacto con la secretaria de seguridad estatal, Maribel Cervantes, para identificar a posibles beneficiarios de este programa, lo cual significa que la iniciativa aún está en sus inicios y con base en la información resultante de ese análisis, los jueces de ejecución de sentencias resolverán de inmediato.
Adelantó que en el inicio del programa participarán 17 jueces de ejecución de sentencias y a través de la Coordinación de Comunicación Social, se aclaró que los internos susceptibles de ser beneficiarios de la medida, serán electos de entre una población de 30 mil personas privadas de su libertad.
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