La opacidad en la Secretaría de Movilidad (Semovi) no sólo se encuentra en el dinero que provienen de los parquímetros, sino que además tampoco transparenta los recursos que llegan a las arcas por parte de los servicios de auto privado como Uber y Cabify.

Ayer, a la demanda de los candidatos a la Jefatura de Gobierno para que Semovi transparente el manejo de los recursos de parquímetros, se sumó la exigencia de la Confederación Patronal de la República Mexicana, capítulo Ciudad de México (Coparmex CdMx), para que también se abran las cuentas del fondo mencionado.

Desde el 15 de julio de 2015 la Secretaría emitió la regulación para las empresas que brindan servicio privado de transporte de personas, en la que se determinó que se cobraría una comisión del 1.5% de cada viaje de Uber y Cabify, misma que se depositaría en el llamado Fondo para la Movilidad, el Taxi y el Peatón.

Sin embargo, a dos años y 10 meses de que se inició con la captación de dicha comisión por parte de la Semovi, no se sabe con exactitud cuánto se ha recaudado, cuánto ha aportado cada empresa, qué dependencia tiene el control de los recursos ni en qué proyectos se ha invertido el dinero.

La presidenta de la Comisión de Movilidad de la Coparmex CdMx, Maité Ramos, exigió al Gobierno capitalino “brindar las garantías de que ese fondo existe y que está disponible para ser utilizado en la mejora del transporte público particular y la infraestructura dedicada al peatón”.

La Semovi ha respondido a solicitudes de transparencia hechas por El Sol de México que no puede revelar el monto del Fondo, ya que se trata de un fideicomiso privado en el que sólo depositan aportaciones las empresas reguladas, es decir Uber y Cabify. Tampoco ha querido revelar el acta constitutiva del fideicomiso, ni las reglas de operación.

Lo único que se conoce sobre el fondo es través de una declaración del titular de la Semovi, Carlos Meneses, que refiere que hasta mediados de noviembre pasado dicho fideicomiso sumaba 188 millones de pesos, pero el destino del recurso es todavía incierto.

“Ya vamos para dos años y no hay un plan claro”, dijo Ramos Gómez, y remarcó: “lo que preocupa ya que ese recurso sólo se está juntando sin tener la certidumbre de en qué podría utilizarse”.