Tres nuevos nombres se sumaron a la lista de ex funcionarios sancionados que acompañaron al actual senador Miguel Ángel Mancera en su paso por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Se trata del ex secretario de Finanzas, Edgar Amador Zamora; del ex titular de la extinta Agencia de Gestión Urbana, Jaime Slomianski y del ex director general del Instituto de Vivienda, Raymundo Collins, quien pasó a ser jefe de la policía en el último tramo del sexenio.
En un informe virtual que rindió ante la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso capitalino, el secretario de la Contraloría General, Juan José Serrano detalló que de 2019 a febrero de este año se sancionaron a 319 personas que desempeñaron algún cargo en la administración anterior. Entre ellas además de los antes mencionados, el ex delegado en Tláhuac, Isaac López Alejo y el ex delegado en Tlalpan, Héctor Hugo Hernández.
Edgar Amador Zamora ocupó la Secretaría de Finanzas desde diciembre de 2012, cuando Miguel Ángel Mancera asumió el cargo de jefe de gobierno, hasta abril de 2018, con José Ramón Amieva al frente de la administración capitalina. Aunque no se dio a conocer el motivo de su inhabilitación, trascendió que se debió a malos manejos del fideicomiso para la Reconstrucción de la Ciudad de México luego del terremoto del 19 de septiembre de 2017.
De hecho, el Contralor sí dio a conocer que actualmente se investiga a 15 empresas que participaron en la reconstrucción de edificios afectados por el sismo. Derivado de estas indagatorias se presentaron denuncias penales y ya se cuenta con una orden de aprehensión contra personal de una de las empresas involucradas.
Sobre la inhabilitación de Slomianski tampoco se dieron detalles, sin embargo en el gobierno de Miguel Ángel Mancera fue el encargado de operar el contrato para la puesta en marcha de la planta de termovalorización El Sarape, que se promovió como el proyecto de gestión de residuos sólidos más importante de América Latina, que tendría un gasto de 100 mil millones de pesos, estaría ubicado en terrenos del Bordo Poniente y su construcción estaría a manos de Veolia.
Raymundo Collins estuvo al frente del Instituto de Vivienda de diciembre de 2012 a julio de 2018, cuando fue nombrado secretario de Seguridad Pública por el entonces jefe de gobierno sustituto José Ramón Amieva. Este ex funcionario es buscado por la Fiscalía General de Justicia por el presunto desvío de recursos en el INVI. De acuerdo con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum otorgó dinero para la construcción de vivienda media y pedía moches a empresarios.
En enero de este año El Sol de México informó que Collins firmó el 16 de marzo de 2006 un contrato con Grec Conversions XV LTD, una empresa de papel presidida por Agustín Herrán, para apropiarse del inmueble ubicado en el fraccionamiento Beach Club at Fontainebleau Park, en Miami, Florida.
El 28 de marzo de 2018, en un evento de entrega de créditos emergentes para la reparación de vivienda, celebrado en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, fue el entonces titular del INVI, Raymundo Collins quien llevó mariachis a al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, quien dejaría el cargo en busca de la candidatura presidencial del frente PAN, PRD y MC.
La lista de ex funcionarios ligados al gobierno de Miguel Ángel Mancera podría robustecerse ya que el martes pasado la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum se reunió con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal, con quien dijo, abordó “algunos temas que él está investigando de asuntos de la administración anterior en la Ciudad de México”.
Compras Covid y patrullas en la lupa
Por lo que respecta a la actual administración, el contralor Juan José Serrano detalló que hay 19 personas que fueron suspendidas de su cargo público debido a que están bajo investigación por presuntas irregularidades y 66 más han sido sancionadas, aunque hay nueve mil 437 expedientes en investigación en los que se deslindarán responsabilidades.
También aseguró que la Contraloría investigará las adquisiciones de insumos médicos para la atención de la emergencia sanitaria por Covid-19. “Sobre compras a sobreprecio que se han hecho en esta etapa de emergencia sanitaria… Sí hay expedientes de investigación, debo decirlo. Habilitamos vías y horas hábiles para abrir espacios de todo el tema de insumos que se adquirieron para Covid, sí lo hicimos”.
Lo mismo para el caso del contrato de arrendamiento de mil 855 patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana bajo la administración de Jesús Orta, quien es investigado por presunto uso de recursos de procedencia ilícita por parte de la Fiscalía General de la República.
“Está en investigación, es un tema importante, delicado. Sí participamos a partir de la nueva administración del nuevo secretario (Omar García) y sí hubo ajustes al contrato, debo decirlo, pero es muy pronto para dar resultados, es un contrato con ciertas peculiaridades, todos los contratos de arrendamiento y mantenimiento son complejos. Dennos oportunidad, sé que no es agradable siempre decir que estamos en investigación, pero es la realidad de un debido proceso y así debemos de conducirnos”, comentó el contralor a los diputados de la Comisión de Transparencia.
