El delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar subió 106 por ciento entre enero y septiembre de 2023 respecto al mismo periodo de 2018, reportó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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Los datos muestran que en 2019 la Fiscalía General de Justicia local reportó la apertura de 379 carpetas de investigación por este ilícito en los primeros nueve meses de ese año, la cifra aumentó a 781 en 2023.
El abogado Javier Piedra Vázquez consideró que el aumento de denuncias por los casos de incumplimiento se debe a diversos factores y reformas que han ayudado a que los deudores alimentarios cumplan con sus obligaciones.
“Ha habido diversas reformas que robustecen el castigo a quien incumpla con el deber de dar alimentos, aunado a que la promoción de cultura de la denuncia ha servido para que las autoridades y los impartidores de justicia garanticen el interés superior de la niñez”, dijo a El Sol de México.
De acuerdo con el jurista, la figura de incumplimiento de obligación en asistencia familiar es el delito que se da por violación, abandono u omisión que comete el deudor alimentario cuando injustificadamente deja de proveer de recursos a sus hijos.
El especialista señaló que los delitos que atentan contra el cumplimiento de la obligación alimentaria se encuentran en el Código Penal para el Distrito Federal, que abarca de los artículos 193 al 199, y están ubicados en la categoría de delitos de riesgo por la gravedad del abandono del deudor alimentario con sus hijos y que estos tengan que subsistir sin su apoyo económico.
“A estas personas que incumplan con su obligación de dar alimentos a sus hijos que tienen derecho a recibirlos, se le impondrá de tres a cinco años de prisión y de cien a cuatrocientos días multa, suspensión o pérdida de los derechos de familia
“Si el adeudo excede a noventa días, el juez ordenará al Registro Civil el ingreso de los datos del sentenciado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos”, agregó Piedra Vázquez.
En abril pasado este diario dio a conocer la historia de Sabina, una niña de cinco años, quien, hasta ese momento, tenía cinco años sin recibir la pensión alimentaria de su padre. Él la abandonó a los 12 meses de nacida.
Según datos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, uno de cada 10 hombres con sentencia judicial por pensión alimentaria cumple con la obligación.
Piedra Vázquez dijo que, si el salario o los ingresos del deudor alimentario no son comprobables para cubrir los alimentos o la reparación del daño, estos se determinan con base en la capacidad económica y nivel de vida del deudor, pero en muchos casos no quieren cumplir con la manutención.
“Sabemos que algunos deudores dejan de cumplir con esta obligación de manera intencional y recurren a malas prácticas como no poder localizarlos por ningún lado, cambiar de residencia, no contar con bienes inmuebles a su nombre o dejar su empleo para no dar lo que corresponde a la pensión alimenticia”, subrayó.
El 18 de agosto de 2011 se publicaron en la Gaceta Oficial del Distrito Federal reformas al Código Civil para regular el sistema jurídico mexicano con la creación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) capitalina para concentrar datos de los deudores alimentarios para que cumplan con la manutención de sus hijos.
Entre 2018 y 2022, el Redam reportó 114 deudores alimentarios, 54 cuentas bancarias canceladas y cuatro registros anulados.
Ley Sabina congelada
En mayo de 2022, la diputada por Morena, Ana Francis Mor, presentó ante el Congreso de la Ciudad de México la iniciativa llamada Ley Sabina, para garantizar que las madres reciban pensión para sus hijos.
La impulsora de esta iniciativa, Diana luz Vázquez, lamentó que la propuesta lleve más de un año sin discutirse entre los legisladores capitalinos, pero sí avanza en el ámbito federal en la Cámara de Diputados con dos propuestas.
“Sigue congelada hay varios deudores en el gobierno de la Ciudad de México que están impidiendo la ley, nosotras estamos trazando en una ruta federal con dos iniciativas que están en análisis en la Comisión de justicia que nos prometieron que salen este año”, mencionó en entrevista.
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Las iniciativas proponen que el abandono de una mujer embarazada sea considerado como delito y que se tipifique con una pena económica.
También plantea que las pruebas de ADN sean solventadas por el poder judicial o el padre de los hijos, y no solventadas por las madres, pues pues es una garantía que debe otorgar el Estado.