Los damnificados del condominio ubicado en Tlalpan 550 no sólo esperan la rehabilitación de los cuatro edificios que albergan 390 departamentos, sino que también enfrentan un proceso legal en el que demandan el pago de un millón y medio de pesos, aproximadamente, para cada familia por la reparación del daño, pues tienen documentado que el complejo se construyó con deficiencias.
En entrevista con El Sol de México, Verónica Serrano, vecina del lugar, declara que el lunes pasado se realizó una audiencia en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México sobre la demanda que presentaron contra las empresas Arquitectoma, Ideas Residenciales S.A. de C.V., Porta Tlalpan Inmobiliaria y contra los socios de estas compañías.
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Es el Gobierno de la ciudad el que ha puesto los abogados para este proceso de defensa, además de que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, les prometió una inversión de 300 millones de pesos para rehabilitar sus viviendas, mismas que podrían estar listas a mediados del próximo año, según las previsiones.
Sobre cuáles serían los beneficios que los vecinos obtendrían con este proceso legal dice: “Estaríamos pidiendo reparación por daños y perjuicios, por todo lo que se ha batallado. ¿Por qué? porque a raíz del sismo, que ya se demostró que hubo un fraude, tuvimos que salir, pagar rentas, estamos pagando las hipotecas todavía a pesar de que no se ocupan”.
Manifiesta que cada caso es diferente, “porque depende de cada departamento, de lo que (la familia) ha pagado en mudanza, en renta de bodegas para guardar los muebles”, pero estima “como millón y medio (por departamento). Osea, que sí tienen un problema muy fuerte”.
Este edificio ha sido calificado por Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, como el más problemático para reconstruir, pero los vecinos confían en que se logre la reparación del daño pues ya existe una vinculación a proceso.
“Es una carpeta que se abrió de oficio donde los vecinos poco a poco se fueron sumando y donde hemos estado presionando para que no le den carpetazo, porque han querido darle carpetazo en dos ocasiones, pero ahí va, ahorita va en la vinculación a proceso, eso significa que existen las pruebas para que pueda haber un juicio.
“Aún no hay detenidos, ya están las órdenes de aprehensión, sin embargo, están amparándose (los involucrados), ellos tienen como abogados a los Zapata Gómez Mont, que es uno de los despachos importantes de México, por eso no los han podido detener”, asegura Verónica.
En los cuatro años que han pasado fuera de sus departamentos han enfrentado una serie de problemas tanto internos como externos. En 2018, durante el Gobierno de José Ramón Amieva, les dieron 120 millones de pesos para la reparación de sus viviendas, pero los administradores de sus edificios fueron tentados por las empresas que construyeron y les impusieron a otra que les rehabilitaría sus hogares con el fin de que no se dieran a conocer las irregularidades cometidas durante la construcción.
Además, el Gobierno de la ciudad realizó una auditoría a los materiales utilizados por la constructora y encontró un sobreprecio de 52 por ciento; “Seduvi metió un oficio donde está comprobado que hay un sobrecosto de 52 por ciento, que esto equivale a más o menos 35, 40 millones de pesos”.
Abunda que no es el único litigio legal que enfrentan. “Ahora traemos dos carpetas de investigación, una en contra de la constructora, que fue la audiencia que tuvimos el lunes, y la otra también contra los participantes de la primera etapa de la rehabilitación”.
La próxima audiencia será el martes 26 de octubre y tendrán una más el 17 de noviembre. “Va a ser un proceso largo, por todo el tema de la pandemia, porque se han pospuesto muchas cosas, pero de que ya están las pruebas ya están”, confío Verónica.
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