Al menos cinco departamentos que le pertenecieron a dos exfuncionarios de Benito Juárez pasarán a manos del mismo número de familias damnificadas por el sismo de 2017.
Ayer la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México entregó a la Comisión de Reconstrucción estos departamentos del denominado cártel inmobiliario en Benito Juárez, ubicados en la calle Petén 329, en la colonia Narvarte.
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Ernestina Godoy, fiscal de la Ciudad de México, dijo que cuatro de ellos tienen un valor de cuatro millones de pesos y el quinto, que tiene roof garden, está valuado en 6.5 millones de pesos.
Los inmuebles pertenecían a Luis Vizcaino, exdirector Jurídico y de Gobierno de la alcaldía Benito Juárez, acusado por enriquecimiento ilícito, y Nicias N, exdirector general de Obras y Desarrollo Urbano, acusado de uso ilegal de atribuciones y facultades.
“Forma parte de los inmuebles que han estado entregado los exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez que reconocieron su culpabilidad en los hechos de corrupción del llamado cártel inmobiliario de Benito Juárez. Estos cinco departamentos, junto con otros inmuebles por un valor de más de 80 millones de pesos, han sido entregados a la Fiscalía General de Justicia como parte del proceso de reparación del daño por estos hechos de corrupción”, explicó el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres.
Batres Guadarrama mencionó que la selección de a qué damnificados se les entregarán estos edificios se realizará con base en los procesos que se tienen en la reconstrucción.
“La asignación se va a trabajar con la Comisión para la Reconstrucción ahí tenemos una instancia donde trabajamos la Jefatura de Gobierno directamente, el Instituto de Vivienda, Finanzas, el Instituto de Seguridad para las Construcciones y otras áreas para el tema de la satisfacción de las necesidades de los damnificados, en ese contexto vamos a determinar a quién se le entrega”.
El mandatario mencionó que así cumple con el principio de devolver al pueblo lo robado.
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Batres Guadarrama mencionó que en este caso se hará una revisión por parte de la Comisión de Reconstrucción, pues son departamentos relativamente nuevos, pero serán revisados por el Instituto de Seguridad de las Construcciones.
Godoy aclaró que la investigación del cártel inmobiliario no es una persecución política pues se trató de un entramado de favores e irregularidades con el modus operandi en el que exfuncionarios de esa alcaldía se beneficiaron de una manera alevosa e ilícita abusando del cargo que ostentaron.
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“Hasta el momento hemos llevado a proceso a un exalcalde, a tres exdirectores generales, a dos exdirectores, a un exsubdirector, un contratista, un trabajador por honorarios y a una gestora que trabajaba con la alcaldía y tenemos a otros cinco exservidores públicos con niveles altos y mandos medios que son investigados y a otros contratistas que están en desarrollo las investigaciones”, dijo.
La funcionaria recordó que la explosión de una lavadora puso al descubierto la red articulada de anomalías que hoy es la razón por la que un partido político, refiriéndose al PAN, busca evitar su ratificación en el cargo como fiscal.
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