La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México justificó el reciente nombramiento de Ulises Lara López como encargado de despacho del organismo, en suplencia de Ernestina Godoy, quien no fue ratificada en el cargo que ocupó hasta el 9 de enero.
Después de que diputados del Partido Acción Nacional aseguraron que Lara López no cumple con el perfil para encabezar la fiscalía, el organismo aclaró que no se trata de un nombramiento como Fiscal General, cargo para el que la ley sí establece requisitos específicos, así como procedimientos e instancias participantes para la designación.
De acuerdo con el artículo 46 de la Ley Orgánica de la Fiscalía local, la persona titular de la fiscalía será suplida en ausencias o faltas temporales por la persona titular de la Coordinación General de Investigación Territorial, cargo que recientemente asumió el ahora encargado de despacho.
Asimismo, el artículo 128 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (legislación que no ha sido actualizada) señala que los suplentes quedarán a cargo del despacho y resolución de los asuntos correspondientes.
En un comunicado, la FGJ CDMX expuso que el doctor Ulises Lara cuenta con estudios de licenciatura, maestría y doctorado. Fue titular de la Unidad de Implementación del proceso de transición de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y Coordinador de Asesores, así como vocero en los últimos cuatro años.
“Apegados al Plan de Política Criminal, la institución seguirá liderando con honestidad, transparencia, inteligencia y eficacia las investigaciones que reduzcan la impunidad en delitos violentos y desarticulen a las organizaciones delictivas, trabajando por el esclarecimiento de los hechos, la no repetición y la reparación integral del daño. Siempre en el marco de la ley y representando los intereses de la sociedad”, apuntó.
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El organismo expuso que dará énfasis en la atención a las víctimas con el objetivo de socializar la justicia, y la democratización del conocimiento jurídico, para “empoderar a la ciudadanía y acortar la brecha de desinformación, fortaleciendo el nexo entre el público usuario y las autoridades”.