La Ciudad de México es una urbe en donde el sueño de comprar un departamento puede convertirse en el inicio de una pesadilla, en la que habrá que enfrentarse a personas con poder político o autoridades que tardan en solucionar conflictos. Esto ocurre en el predio Oriente 107, número 3370, colonia Tablas de San Agustín -popularmente conocida como Bondojito- en la alcaldía de Gustavo A. Madero. Una historia en la que hay un ex diputado, una organización de vecinos y una inmobiliaria acusada de fraude, cuya combinación impide la construcción de viviendas.
En Oriente 107 al menos 50 familias dedicadas al comercio en los barrios de La Lagunilla y Tepito han tenido que soportar los intentos del ex diputado del PRD y líder de la asociación civil Movimiento Alternativa Social (MAS), Edgar Torres Baltazar, de apoderarse del predio, según dicen ellos, a la mala, sin contar con los documentos oficiales e incluso amenazándolos, motivo por el cual hay denuncias ante la Procuraduría General de Justicia.
Frente a la construcción a medio empezar, cuentan a El Sol de México que en julio del año pasado firmaron un contrato de preventa con la empresa Vive Oriente para la adquisición de un departamento en Oriente 107, número 3370. Fue cuando la asociación de Torres apareció e hizo pintas en los tapiales: “Este predio es del MAS, no te dejes engañar. Inmobiliaria Jomar y Roju defraudadores”.
Ante la sorpresa decidieron investigar por su cuenta para saber quién era el propietario legal del predio. Encontraron que el terreno está inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio con el folio real 124624 y el historial refiere que en 2018 fue vendido por la inmobiliaria Jomar y Roju al Banco Ve Por Más como fiduciario en el fideicomiso de administración 407, en el que también participa Vive Oriente.
Convencidos de ello decidieron hacer frente, bajo la organización Vivienda Digna Bondojito, al ex diputado Edgar Torres, quien por su parte alega la propiedad del predio amparado por dos billetes de depósito expedidos a su favor por el Instituto de Vivienda (Invi) por una suma de 8.5 millones de pesos. Dicho recurso se le entregó para que comprará el terreno de dos mil 882 metros cuadrados.
El vínculo de Edgar Torres con el predio de Oriente 107 viene de 2007, año en que firmó un contrato de compraventa con la inmobiliaria Jomar y Roju para la adquisición del predio a un precio de 9.5 millones de pesos. En ese entonces se acordó un pago inicial de un millón de pesos “y el restante se cubriría al hacer la firma del contrato ante notario público”, según confirmó a este diario la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.
Sin embargo, el pago finiquito no se hizo, pues fue hasta 2015 y 2016 cuando Torres Baltazar obtuvo de parte del Invi los billetes de depósito con los recursos que le faltaban: 8.5 millones de pesos. El 11 de julio de 2017 –10 años después de la firma del primer contrato- el Invi y el MAS pidieron a la Dirección de Consignaciones Civiles de la Ciudad de México que notificará a Jomar y Roju sobre el depósito final, pero esto no se concretó.
“Por esta situación y dado el tiempo transcurrido, en el cual no se confirmó la adquisición por la vía judicial ni el otorgamiento de la escritura como resultado de la transacción de compraventa, el Invi solicitó al MAS la devolución de los billetes para resguardarlos”, detalló la Seduvi, pero no se conoce si a la fecha ya se recuperaron los 8.5 millones de pesos dados a la asociación de Edgar Torres dado que se habría extinguido el objeto del recurso.
De acuerdo con los documentos del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, el Fideicomiso 407 –donde el banco Ve Por Más aportó el capital y Vive Oriente la comercialización de los departamentos- es el único propietario del predio, sin embargo, el ex diputado Edgar Torres sigue vendiendo a sus agremiados la “falsa promesa de una vivienda”, acusaron los vecinos agrupados en Vivienda Digna Bondojito.
Incluso, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, el 30 de abril de este año interpuso una denuncia en contra de la inmobiliaria Jomar y Roju por el delito de fraude, pero se desconoce el estatus actual de la misma.
“Algunos (de los agremiados de Torres Baltazar) han dado dinero que sabemos que como a nosotros les cuesta mucho trabajo conseguir, pero que él lucre con esa necesidad se nos hace injusto y queremos poner una solución para que se nos deje construir a nosotros que ya pagamos y se deje de engañar a la gente (que aporta al ex diputado)”, señaló Yen González.
Torres Baltazar ha sido diputado local y federal en varias ocasiones y actualmente tiene vínculos políticos con integrantes de Morena. Él fue uno de los líderes de la Asamblea de Barrios organización -dedicada a la gestión de vivienda social- e incluso se le señaló de haber formado un grupo porril dentro del IPN, algo que él ha negado.
En octubre pasado Torres se apersonó en el 3370 de la calle Oriente 107 con sus agremiados y se generó un enfrentamiento verbal con los vecinos afectados. En un video compartido por los afectados se escucha decir al ex diputado “te lo digo al chile, no la vas a armar”, es decir, que les arrebataría el predio.
Pese a todo ello, los vecinos manifestaron su disposición a aclarar la pugna ante las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, pero acusaron que Torres Baltazar no se presenta y con ello lo acusan de romper el diálogo y mantener las amenazas en su contra, los hostigamientos y el acoso.
“Si el señor tiene o no la razón, que se siente con nosotros en una mesa de trabajo, esto no es un problema entre inmobiliarias, es una necesidad, con la edad que tengo es el último empujón que hago para mi vivienda, ya no más, dependen un nieto de mí, ya es lo último que puedo juntar en mi vida, por eso estoy aquí”, aseveró la vecina afectada Irma Noyola.