Los diputados de la VII y última Asamblea Legislativa del Distrito Federal preparan una de las principales transiciones para la ciudad, pues ahora harán entrega a un Congreso que busca tener mayores facultades; sin embargo, al entrar, los nuevos legisladores asumirán tareas que les dejaron sin finiquitar.

Entre la herencia hay leyes secundarias para echar a andar la primera Constitución de la Ciudad de México, pero no sólo eso, el próximo 20 de agosto se definirá qué va a pasar con 20 de los 32 artículos que la Procuraduría General de la República (PGR) impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerarlos inconstitucionales, la mayoría de ellos se refieren a nuevos derechos, como la muerte digna y el aborto legal.

El ministro Javier Laynez Potisek tiene listo el proyecto de sentencia de los juicios de acciones de inconstitucionalidad que promovieron en contra de la Constitución de la Ciudad de México en donde reconoce que sí se pueden ampliar derechos humanos y reconocer nuevos.

El ministro señala que la ley sí puede señalar que se permita el uso médico de la mariguana en la ciudad, que nos viola los derechos de los padres de familia para educar a sus hijos, que el derecho a una muerte digna no implica necesariamente permitir la eutanasia y permite la revocación de mandato para los servidores públicos de elección popular.

El proyecto también indica que la capital del país sí puede crear nuevos órganos constitucionales autónomos y un parlamento metropolitano.

Lo que es inconstitucional, refiere el documento del ministro, es que el jefe de Gobierno pueda establecer los tabuladores de sueldos de los funcionarios, que la Constitución prevea reglas sobre el procedimiento penal, la ejecución de sanciones penales y la justicia para adolescentes, y que se faculte al Congreso de la Ciudad para legislar en relación con los procedimientos internos de los sindicatos, pues es una cuestión exclusiva del Congreso de la Unión.

Así, tras el dictamen de la Corte, el primer Congreso podría tener que pelear por la defensa del documento que da mayores facultades al gobierno y a sus ciudadanos, así como terminar de construirlo con los reglamentos faltantes.